Cotización de trabajadores independientes

Luego de sucesivas postergaciones y modificaciones legales, en abril de este año los trabajadores independientes comenzarán a cotizar en forma obligatoria en el sistema de protección social. El nuevo esquema va más allá de las cotizaciones previsionales y avanza hacia una cobertura más integral, que incluye el sistema de salud, accidentes del trabajo y seguros de invalidez.

El sistema operará bajo una lógica de gradualidad. La nueva ley contempla un incremento progresivo de las retenciones de 0,75% por año -partiendo del 10% actual- hasta alcanzar el 17% al año 2027. En este nuevo esquema, estarán obligados a cotizar todos los trabajadores independientes que emitan boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a cinco sueldos mínimos -o el equivalente a $ 1,3 millones al año-, quedando excluidos las mujeres mayores de 50 años y los hombres con 55 años o más.

Existirán dos regímenes para definir la cotización anual. En el primero, los trabajadores podrán optar a un régimen general, en el que se le descontarán del actual 10% de retención el pago de las cotizaciones de seguridad social -que incluirán aportes al sistema previsional, accidentes del trabajo, salud y seguro de invalidez y sobrevivencia- tomando como renta imponible el 80% de su remuneración bruta anual (con un tope de un equivalente de UF 78,3 mensuales). En el segundo caso, los trabajadores podrán optar por un régimen de gradualidad transitoria que les permitirá cotizar el 5% de la renta imponible el primer año y con incrementos sucesivos, por lo que podrán optar solo a una parte de la eventual devolución de impuestos, aportando en la práctica 2,69% y recibiendo por concepto de devolución el 7,31% el primer año.

Es un hecho que el mercado laboral está inmerso en un proceso de profundas transformaciones. La dependencia laboral tradicional ha dado paso a múltiples formas de relaciones laborales -muchas de las cuales han ido de la mano del desarrollo y masificación de las nuevas tecnologías-, por lo que el marco regulatorio en materia de protección social debe recoger estas nuevas realidades. Más allá de los efectos que el ciclo económico pueda tener en la estructura del empleo, lo cierto es que los trabajadores independientes han aumentado su participación en el empleo total y el Estado debe entonces promover los instrumentos que aseguren a este grupo una protección social básica, donde sean ellos mismos los principales aportantes.

Sin embargo, este nuevo marco que exige obligatoriedad para las cotizaciones de los trabajadores independientes debe ser objeto de una evaluación en el futuro. Las mayores exigencias pueden generar incentivos para la informalidad -que actualmente alcanza el 30% del total de ocupados en el país- o alentar esquemas artificiales, donde trabajadores cotizan por algunos meses para luego optar a niveles de protección social aventajados. La nueva legislación, aunque es un avance, no resuelve el problema que representa el que una fracción importante de los trabajadores se encuentra desprotegido, situación que a la larga tendrá inevitablemente efectos sobre el erario público.