Críticas al proyecto de crédito estatal

Luego de la publicación del proyecto de ley que crea un nuevo crédito estatal para la educación superior -el Sistema de Financiamiento Solidario-, se han conocido más detalles respecto a cómo éste operaría. Y naturalmente, con ello han ido apareciendo una serie de críticas y dudas.

Por un lado, han surgido cuestionamientos debido a que el nuevo sistema contempla un registro de deudores para coordinar la cobranza, y porque establece que los empleadores serán los encargados de retener y pagar al Fisco la cuota correspondiente a las deudas que mantengan sus trabajadores. Lo cierto es que estos reproches son infundados, pues ambos son elementos que todo crédito estatal debe tener, y de hecho ésta es precisamente una de las razones a favor de sustituir a la banca por el Estado.

Más aún, en Australia -país que creó el primer crédito contingente al ingreso que se ha implementado, luego de que se decidiera desechar la gratuidad- indican como una característica clave para que este tipo de sistemas tenga éxito y sea sostenible en el tiempo, el que cuenten con una institucionalidad sólida para la cobranza. Ello considera desde la identificación de los deudores, su situación laboral y el cálculo de las cuotas, hasta la cobranza propiamente tal.

Pero en paralelo, este nuevo crédito ha planteado ciertas dudas que valdría la pena considerar. La principal de ellas tiene que ver con la fijación indirecta de aranceles que produciría la obligación de que las instituciones ofrezcan becas o créditos propios para apoyar a los alumnos del 60% de más bajos ingresos en el financiamiento de la parte del arancel que no cubre el crédito estatal. Si bien ello no es para la totalidad de los estudiantes, por lo que el perjuicio financiero para la institución puede ser acotado, la pregunta es si era necesario imponer una obligación tan fuerte como ésta, entendidos los riesgos que conlleva para el progreso del sistema de educación superior. Aparentemente, el gobierno intentó anticiparse y evitar un eventual bloqueo de la oposición -con mayoría en el Congreso-, y por ello terminó renunciando a dar una batalla que tal vez valía la pena dar.

Ante la riesgosa situación financiera en que se encuentra el sistema de educación superior luego de la aprobación de la gratuidad, es razonable volver a discutir sobre un buen sistema de créditos, que apunte a las soluciones óptimas.