Críticas de la ONU a política migratoria

La representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, en una audiencia del 172 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que fue solicitada por instituciones de la sociedad civil de Chile que trabajan en materia de migraciones-, hizo importantes críticas a la política migratoria del país. En ellas llama a poner término a expulsiones colectivas de migrantes que se encuentran en situación irregular -por deficiencias en un debido proceso que permita observar adecuadamente las garantías constitucionales-, como asimismo a la ausencia de una estrategia para enfrentar la trata de migrantes y "situaciones de discriminación y racismo a las que se enfrentan personas extranjeras residentes en Chile y solicitantes de asilo". De igual manera consigna debilidades del Estado en relación a la situación de los afrodescendientes, que paradojalmente ya han sido reconocidos por ley.

Si bien es loable que la instancia internacional reconozca el esfuerzo que ha hecho el país en recibir a un número relevante de personas desplazadas por las duras condiciones sociales, políticas y económicas en sus países de origen -especialmente Colombia, Venezuela y Haití-, sorprende que se refiera a expulsiones colectivas de migrantes por parte de Chile, dando a entender que se trata de una política generalizada y sin atender al contexto en que ello ha ocurrido. En ese sentido, la actual administración ha logrado ordenar el caos existente en materia migratoria tras años de inoperancia, estableciendo procesos de normalización de quienes se encontraban en calidad irregular en el país -más de 155 mil extranjeros lo han hecho-, otorgando las facilidades con las debidas coordinaciones y fijando plazos razonables, de manera que la expulsión responda a una medida límite.

De igual manera, al establecer visas especiales de responsabilidad democrática -en el caso venezolano- y laborales el gobierno ha contribuido a una normal acogida y recepción de quienes se ven obligados a dejar su país, y al impulsar la ley migratoria que se discute en el Congreso busca modernizar un estatuto que no se ha renovado en décadas, y que debe adecuarse a los actuales desafíos.

Puesto que las expresiones de xenofobia y prácticas contrarias a la inmigración cunden en algunas zonas del mundo, es atendible la preocupación de la ONU para crear conciencia y alertar sobre sus riesgos. En ese contexto, es entendible que ponga de relieve la trata de migrantes, una materia en la que si bien nuestro país ha tomado medidas, probablemente los esfuerzos siempre son insuficientes. La inseguridad de la población en algunos países de la región es un aliciente para organizaciones delictivas, y el país debe estar preparado para enfrentarlas.

Estas legítimas preocupaciones, sin embargo, no justifican que un organismo internacional formule críticas generalizadas que confunden o predisponen una animadversión hacia legítimas políticas migratorias.