Cuando la edad esconde un maltrato

Por Ángela Arenas, Directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae. Doctora en Bioética por la Ateneo Pontificio Regina Apostulorum. Ex asesora legal del Gabinete del Director Nacional del Senama.

Con desazón, quienes nos dedicamos a la gerontología y la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, hemos conocido a través de los medios de comunicación una entrevista al senador José Miguel Insulza(77 años) quien se refiere con dolor al hecho de haber sido deslustrado y devaluado públicamente a causa de su edad por dos autoridades chilenas, 18 y 24 años menores que él (diputada Pamela Jiles de 59 años y alcalde Daniel Jadue, de 53 años), con frases que lo mandan a “cambiarse los pañales” o que afirman que vive con “demencia senil”. La ciudadanía y la opinión pública hasta el momento, no se ha mostrado escandalizada por este hecho notorio que constituye un acto de discriminación y maltrato. Por el contrario, parece un asunto inadvertido en medio de la vorágine provocada por la crisis institucional actual.

Estos actos de discriminación arbitraria hacen reflexionar, a lo menos, sobre tres puntos: el “edadismo”, que la vejez no es sinónimo de dependencia funcional y el problema del maltrato hacia las personas mayores.

El “edadismo” acaecido en la situación descrita, se refiere al trato peyorativo hacia una persona mayor basada en el tiempo que ha vivido, por ser diferentes a las demás en sus opiniones, en la expresión, en la necesidad de afecto y/o en relación a su físico; a través del cual se generan estereotipos negativos vinculados a la vejez. El senador Insulza, lo expresa en su entrevista: “Hay un cierto desdén por la tercera edad en general”, justificando además –aunque innecesariamente– su trabajo en cuanto función social: “En la política no hay nadie más responsable que los adultos mayores. Nos informamos, votamos, entonces claro que molestan esas ofensas”.

La Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores reconoce la discriminación por edad en la vejez como “cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento … (de la persona mayor)… en la esfera política” (artículo 2º).

Otro punto que sorprende es la ignorancia supina y manifiesta que existe respecto a la condición de vejez en el país por parte de las autoridades discriminadoras, declarado en expresiones como “cambiarse los pañales” o “demencia senil”, que aluden a situaciones de dependencia funcional. De acuerdo al último Censo del año 2017 (INE), en Chile viven aproximadamente 2.850.071 personas mayores respecto de los cuales el 14,2% presenta algún tipo de dependencia funcional (sea moderada, leve o avanzada). El 85,8% de la población mayor es no dependiente funcional, por ende, autónoma (en los términos que señala el artículo 6º letra d), Ley Nº20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad).

Por lo demás, la demencia constituye una causa de discapacidad y dependencia funcional entre las personas mayores, pero no solo ocurre en ellas. Basta decir “demencia”; hablar de “demencia senil” es erróneo porque atribuye a las personas mayores una enfermedad, presentando como determinante el factor de la edad. Según la Encuesta Nacional de Salud ENS 2009-2010 (ENS Chile), el porcentaje de personas mayores con deterioro cognitivo es bastante más bajo de lo que cree el imaginario colectivo, equivale al 10,4%. Y el porcentaje de personas mayores con deterioro cognitivo asociado a discapacidad es aún más bajo, representando un 4,5% (Ministerio de Salud, 2010).

Finalmente, la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Se entiende por violencia para estos efectos “cualquier acción o conducta que cause … daño o sufrimiento … psicológico a la persona mayor, …en el ámbito público …” (artículo 9º Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos humanos de las personas mayores).

La violencia es causal de maltrato; causa sufrimiento por sí misma, supone un derrumbe emocional que impacta, comprometiendo la identidad y condición de sujeto. Variables asociadas al maltrato son la falta de conocimientos y formación, los sentimientos de incomprensión y las características injustamente asociadas a la persona mayor, por ejemplo, improductividad, dependencia, carga económica, aislamiento, soledad, desinterés social, etc. De todas las características descritas, ninguna de ellas las detentaría el senador Insulza, quien a lo largo de su carrera política ha servido al país en distintas funciones públicas, nos ha representado en el ámbito internacional y nos ha dado testimonio permanente de respeto cívico y de la importancia de dialogar.

Casos como el del senador Insulza nos invitan a perseverar en el reforzamiento de conceptos claves de la gerontología, como la solidaridad intergeneracional, la interdependencia entre las generaciones, y nos recuerdan la necesidad de combatir los estereotipos que afectan a las personas mayores, los que como muestran las cifras, no se condicen con su situación real. Ya es momento que, como ha sucedido con otras personas de nuestra sociedad, la inaceptable discriminación arbitraria contra un grupo como los adultos mayores, del cual todos esperamos formar parte en el transcurso de nuestra vida, reciban las sanciones sociales que ella merece.