Cuando la ideología impide el buen actuar del gobierno

Es previsible que el estado de excepción rendirá escasos frutos si a la par el Ejecutivo se resiste a utilizar todas las herramientas judiciales disponibles para enfrentar la violencia en La Araucanía.



“Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, enfatizó el Presidente Gabriel Boric para justificar la decisión de no querellarse contra Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, por el llamado que hizo en orden a “preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada” frente a la declaración de estado de emergencia en la zona. Horas después, el Mandatario removió al jefe de la Defensa Nacional del Biobío y Arauco -que había sido nombrado en el cargo hace solo dos días-, por el apoyo que en julio del 2021 brindó a un cabo de la Armada, quien entonces estaba formalizado (hoy condenado) por el atropello y muerte de un joven que participaba de un saqueo en el marco del estallido social. Frente a lo sucedido, surge de inmediato una interrogante: ¿Se persiguen ideas o declaraciones? ¿O depende de quién las haga?

Esta contradicción, lamentablemente, es una más entre las muchas en que ha incurrido el gobierno en lo que se refiere a la grave situación que vive La Araucanía. Si bien se trata de un problema complejo y que se arrastra hace años, por lo mismo se debe abordar con mucha claridad y coherencia, ya que hay muy poco espacio para el error o la duda. Nada de esto ha ocurrido en esta administración. Más bien da la impresión de que desde la frustrada visita de la ministra del Interior a la zona -que fue recibida con disparos-, el cuadro ha ido de mal en peor.

En esto, parece evidente que el tema ideológico y su histórico rechazo al estado de excepción en la Macrozona Sur está complicando de sobremanera al Presidente Boric y sus partidos de gobierno. A días de asumir, se negó a renovarlo, aduciendo que no era necesario pese a que la caída en el número de delitos mientras estuvo vigente demostraba claramente lo contrario. Sin plan alternativo, y viendo que su apuesta al diálogo en la zona no era suficiente, el gobierno se embarcó en una aventura legislativa que buscaba disfrazar el estado de excepción por uno que denominaron “intermedio”. Pues bien, luego de semanas de negociaciones, fue rechazado por el Partido Comunista y el Frente Amplio, es decir, su propia coalición de gobierno.

De esta forma, y viendo que la situación en La Araucanía se tornaba cada vez más violenta -presionado, además, por la amenaza de nuevos paros de camioneros-, el gobierno optó finalmente por decretar el estado de excepción de emergencia en la zona. Se trató sin duda de una derrota política muy dura para el Mandatario, y de paso, para la coalición de gobierno. Pero por sobre todo, la demora significó un costo muy grande para los habitantes de la Macrozona.

El Presidente, al ser consultado por esto, descartó que sea una derrota para su gobierno. Indicó que, si bien el estado de excepción no resuelve el problema, es su deber garantizar la seguridad de la zona, “sin complejos ideológicos, como corresponde a un Jefe de Estado y a la vez llevando adelante un plan para abordar el tema de fondo”. En esto, cabe reconocer la actitud del Presidente Boric, que tomó finalmente una decisión que lo incomoda y que sabe divide a su coalición.

Pero, al final del día, su actuar no es otra cosa que gobernar. Todos los mandatarios, de cualquier espectro político, se ven enfrentados a realidades donde la ideología propia no da respuestas. Y entonces, lo correcto es utilizar las herramientas disponibles en la institucionalidad, independientemente de si son de su agrado o no, en tanto permitan servir el objetivo final. En el caso de la violencia, esto es aún más imperioso, porque lo que está en juego es la seguridad de las personas. Por ende, el gesto de Gabriel Boric es el mínimo necesario si es que quiere que su mandato llegue a buen puerto en estas materias.

Dicho esto, también es necesario ser consecuente con lo que se asume. Por ello, la decisión de no presentar una querella en contra del líder de la CAM constituye un grave retroceso, porque solo debilita la acción de la justicia. En esto, por más que el Mandatario no persigue ideas o declaraciones, lo cierto es que como autoridad se debe a la ley. Y los dichos de Llaitul -preparar las fuerzas, organizar la resistencia armada- dan cuenta de una conducta que está descrita en la Ley de Seguridad del Estado. Y solo es el Ejecutivo -a través de una querella- quien tiene la potestad de invocarla. Por ello, la Fiscalía de la zona señaló que ante la ausencia de querella se encontraba de “manos atadas”.

El gobierno debe comprender que en este caso no se trata de una materia que puede ser debatible, como podría ser la invocación de un estado de excepción, sino del actuar permanente de la justicia, algo que no admite ningún tono ideológico ni ambigüedad, porque es una de las bases en que se funda la democracia.

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