Datos sobre menores desaparecidos

La desaparición de una persona y en especial de un niño o niña es un hecho especialmente doloroso. Esto ha sido nuevamente constatado a propósito de lo ocurrido con el menor Tomás Bravo desaparecido en febrero en Arauco, que movilizó importantes recursos, pero que lamentablemente tuvo el peor desenlace, al encontrarlo fallecido. Y si bien en las cifras que maneja Carabineros y la PDI sobre los encargos de búsqueda, las tasas de hallazgos de menores extraviados están en el 95% o 98% respectivamente, hay un porcentaje de casos que permanecen pendientes, con el costo emocional que implica para las familias desconocer el paradero y lo ocurrido con estos menores.

Es por ello que lo señalado en el reportaje publicado por este diario el domingo pasado sobre las cifras de menores que permanecen desaparecidos es preocupante, como también el hecho de que no exista una información clara sobre la magnitud del problema y haya cifras dispares entre las policías y el Ministerio Público en relación al número de menores en esa condición. Al margen de las explicaciones que se den sobre las razones de esas diferencias -puede haber casos, por ejemplo, en que los menores aparecen y el círculo familiar no informa a las policías o a la fiscalía-, quedan dudas sobre la diligencia en el seguimiento de las denuncias de desaparición para dar por cerrados esos casos. Una situación que impide que existan cifras consolidadas confiables que ayuden a concentrar y racionalizar las acciones de la investigación.

No cabe duda que la existencia de criterios dispares entre las policías para definir a la población objetiva o que a las instituciones les cuesta colaborar y coordinarse, como señala en la misma nota la Fundación San Carlos de Maipo, es una llamada de alerta de la urgencia en disponer de mecanismos que precisamente permitan unificar la información y favorecer la colaboración.

Si bien es válido el esfuerzo de activar el protocolo ante presuntas desgracias por parte del Ministerio Público y que existan mesas de trabajo conjuntas entre las entidades para definir criterios, y profundizar una mayor colaboración y coordinación, es fundamental también que exista una sola base de datos a la cual puedan acceder quienes tienen responsabilidad en su investigación, para así facilitar el proceso. Es lo mínimo que se puede exigir con la tecnología existente. Ello ayudaría no sólo a un uso más eficiente de los recursos en la búsqueda, sino también al trabajo de contención de las familias, la evaluación posterior y el análisis de las circunstancias en que se producen estos hechos. Y sólo así sería posible contribuir efectivamente a su prevención.

La necesidad de tener información única y transversal para enfrentar situaciones complejas ya inspiró en el pasado la creación de un Banco Unificado de Datos para facilitar la aplicación de penas a ciertos de delitos y la persecución penal. Por ello, es el momento de avanzar en un proceso similar en el caso de las personas extraviadas para poder disponer de mejores medios. En ese sentido, el sistema interconectado que contempla el proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados para crear un registro único de personas desaparecidas es una iniciativa valorable que responde a esta deuda. Sin embargo, tras dos años de tramitación es indispensable que avance con la celeridad que requiere el tema para poder disponer de información fidedigna