Debate por dietas y asesorías parlamentarias

Sesión de la Cámara de Diputados. 24/07/2019.

Sesión de la Cámara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile.



Aun cuando era importante que el Congreso diera una señal concreta de austeridad, rebajando las dietas parlamentarias y disminuyendo el monto destinado a las asignaciones parlamentarias, la forma en que se pretende dar solución -rebajando ambos componentes en un 50%- no parece ser el fruto de una reforma bien reflexionada, sino el producto de la presión que coloca el exacerbado clima actual. Algo similar ocurre con el hecho de que en la discusión parlamentaria se haya resuelto también hacer extensivos los recortes de remuneraciones en 50% a otros estamentos del Estado -ministros de la Corte Suprema, fiscales, alcaldes, entre otros-, lo que ha generado justificadas aprensiones por el hecho de que se está alterando la estructura administrativa del Estado sin sopesar en los posibles alcances que ello podría conllevar.

Han sido los abultados gastos del Congreso y el laxo control que existe sobre ellos el foco de los cuestionamientos, y por ello es allí donde cabe poner el acento, dejando para una reforma posterior lo que tenga que ver con otras reparticiones del Estado. Hay consenso en que no parece justificado que los parlamentarios chilenos ostenten una de las mayores dietas a nivel de la OCDE, y por ello es razonable revisar su monto. Una reducción del 50%, sin embargo, en principio resulta excesiva -20 o 30% podría ser suficiente-, sin perjuicio que de acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se trata de una cifra provisoria, hasta que otra entidad establezca el monto definitivo.

Pero sin duda donde podría haber una sustancial reducción es en las asignaciones parlamentarias, donde además de existir cuantiosos montos comprometidos, la discrecionalidad con que ello se gasta -muchas veces con fines abiertamente proselitistas- hace indispensable una reestructuración total. Si bien los parlamentarios necesitan contar con asesorías para desarrollar su trabajo legislativo, así como disponer de cierta infraestructura y asignaciones para sus labores en las zonas que representan, la decisión de reducir en 50% el monto destinado a dichos fines sin mayor análisis nuevamente parece no hacerse cargo de las distintas dimensiones involucradas, y en cambio sería preferible que se logren reducciones por la vía de las sinergias y un control más efectivo de dichos gastos.

En tal sentido, existen múltiples vías por las que se podría avanzar. Contar con un sistema de asesorías centralizado en el mismo Congreso -por ejemplo, que la Biblioteca del Congreso tenga asesores designados por las propias bancadas y contrate los estudios que se requieran- evitaría la práctica de que individualmente se pague por los mismos informes o la contratación de innumerables asesores sin que ello aparezca justificado. La misma eficiencia se podría lograr si se centralizara el arriendo de automóviles, así como también lo relativo a las sedes parlamentarias. En vez de que cada congresista cuente con una -o varias-, sería preferible que el mismo Congreso arrendara en las respectivas zonas inmuebles para centralizar las oficinas de todos los parlamentarios.

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