Por un debate libre de falacias

Preocupa la dirección que han tomado las decisiones del gobierno. Cuando más se demanda responsabilidad para afrontar la aguda crisis de confianza que vive el país, el Presidente Piñera opta por distraernos con falacias. Esta semana se ha propuesto desmantelar el Sistema de Admisión Escolar, que aún no termina de instalarse. Se afirma que la ley vigente impide el derecho de los padres a elegir. Falso. Se afirma que las familias no pueden aportar recursos. Falso.

¿Cómo se pretende recuperar las confianzas si se juega con las expectativas de las familias y se oculta deliberadamente los datos para montar consignas falsas?

Bajo la excusa del mérito, el proyecto pone en riesgo los principios de igualdad de oportunidades y de libertad de elección. Se quiere retornar a un modelo que nos posicionó con el triste récord de tener la mayor segregación escolar de la OCDE, lugar de vergüenza del que lentamente estamos saliendo. Esta misma institución, a fines de 2017, valoró positivamente la Ley de Inclusión Escolar, pues eliminó prácticas que perpetúan la desigualdad: la selección y el copago.

En su discurso, el Presidente además indicó que busca "devolver el derecho de los padres a aportar a la educación de sus hijos". Esto no está prohibido (artículos 6 y 18 de la Ley), lo que no se permite, es condicionar el derecho a la educación del estudiante a un pago obligatorio.

¿Qué dicen los hechos, base de cualquier deliberación responsable? Los datos del propio Ministerio de Educación indican que el 83% de los estudiantes queda en alguna de sus preferencias y el 78% en alguna de las tres primeras que eligió, indicadores que nos ponen en pie de igualdad con buenas experiencias internacionales.

¿Cómo le podemos pedir a las personas que vuelvan a confiar en el discurso del mundo político, si el gobierno dice defender la libertad de elección de las familias, cuando en realidad busca que el 30% de los cupos no los elijan las familias, sino los establecimientos? Traducción: las preferencias de algunas familias serán más importantes que las de otras. ¿De qué libertad estamos hablando?

No es todo. El gobierno afirma que los colegios tienen un tope de un 15% de estudiantes vulnerables. Ese 15% es un piso obligatorio para los establecimientos que reciben fondos públicos, jamás un techo.

Para finalizar, una guinda para la torta. El mismo gobierno que dice valorar la educación pública, como una alternativa para las familias, ha descabezado en los últimos meses el sistema a cargo de su administración. Es decir, ha paralizado la gestión de la desmunicipalización.

El gobierno intenta, sin gran sutileza, cambiar el foco de la discusión política actual, porque no le favorece. Recurre al monotemático argumento de desacreditar al gobierno anterior.

Somos muchas y muchos los que creemos firmemente que todos los niños y las niñas pueden aprender, que es fundamental fortalecer la educación pública, así como las capacidades y condiciones de los docentes y equipos directivos.

El gobierno está en su derecho, si quiere, de proponer una visión alternativa, llevando al país de vuelta a un sistema segregado. Desde cada uno de nuestros espacios debatiremos con ideas y datos serios. Porque las leyes pueden mejorarse. Porque con debate hay mejor democracia.

Lo que no tenemos por qué aceptar es que se distorsione lo que nos pertenece a todos: la conversación sobre lo que es mejor para el país. En una materia tan importante como la educación, las familias merecen un debate sin falacias.