Debate por medidores inteligentes

Una enorme polémica ha levantado la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de cambiar los medidores de luz actuales a medidores inteligentes: dispositivos que miden el consumo de energía de un establecimiento con mayor precisión. Esta definición fue tomada por el organismo técnico en seguimiento a lo dispuesto por la ley 21.076, que se promulgó en respuesta a los daños causados por el terremoto de Coquimbo del año 2015.

La controversia se originó porque los nuevos medidores ya no serán propiedad del usuario -como ocurre actualmente en el 70% de los casos- y serán éstos los que en el tiempo terminarán pagando una inversión que puede bordear los US$1.000 millones.

Tanto en esta como en otras industrias reguladas, las tarifas que las empresas cobran a los usuarios están debidamente normadas y son fruto de un diseño regulatorio que busca generar incentivos para mayores inversiones y menores costos a los consumidores. Pese a que en el largo plazo, las inversiones efectivamente las terminará pagando el consumidor -como cándidamente recordó el Presidente de la República- en el corto plazo son las propias compañías las que deben asumir los riesgos de la nueva inversión, buscar financiamiento y concretar su implementación. La discusión sobre la propiedad del medidor es de segundo orden y tiene impactos marginales en la definición de las tarifas.

El punto de fondo es entonces determinar si es necesaria la renovación tecnológica en el área de distribución eléctrica. En primer lugar, los nuevos medidores introducirán mayor eficiencia, evitando una visita presencial en el caso de la lectura de consumo o en caso de corte, aumentando la capacidad y velocidad de respuesta de las compañías ante contingencias. Además, que las empresas cuenten con información sobre el consumo por horario a nivel individual, les permitirá modelar una oferta más personalizada que perfectamente puede crear incentivos para reducción de tarifas en función de estructuras de consumo más eficientes, con incentivos, por ejemplo, en horarios de baja demanda. Sin embargo, teniendo presente las nuevas normativas sobre protección de datos personales, que actualmente están en discusión legislativa, es crucial que el marco regulatorio del mercado eléctrico considere en el diseño de la modelación tarifaria el valor que tendrá la información detallada que recabará de los clientes y que, para acceder a ella y tratarla, requiere del consentimiento de los usuarios.

Un tema aparte es el atajo que encontró el gobierno para resolver la crisis al anunciar que había llegado a acuerdo con una empresa para la compra de los medidores antiguos, lo que constituyó una presión pública para que el resto de las compañías siguiera el mismo camino. La autoridad debería actuar con mayor prudencia, considerando que los llamados directos para resolver conflictos -pasando por alto la institucionalidad vigente- han sido en el pasado fuente de incertidumbre para los inversionistas.