Debate por elección de gobernadores regionales

El gobierno ha vuelto a reflotar la idea de postergar la elección de gobernadores regionales -prevista para abril del próximo año- a noviembre de 2021, haciéndola coincidir con la elección presidencial y de parlamentarios. La idea no ha encontrado de momento acogida entre las principales fuerzas de la oposición, y tampoco ha despertado entusiasmo generalizado en las filas del oficialismo, sin perjuicio de que hay parlamentarios -en ambos bandos- que individualmente se han mostrado disponibles para analizar dicha propuesta.

Una lectura más desapasionada sobre lo que está en juego probablemente debería inclinarse a postergar estos comicios, pues hay una serie de aspectos medulares que aún no están bien definidos, y que complotan contra la idea de generar un proceso de descentralización coherente y -lo más importante- que satisfaga las expectativas ciudadanas. Ello sin mencionar que la pandemia de Covid-19 ha trastocado todo el escenario, por lo que desde ya parece prudente que el calendario electoral se pueda descomprimir en los primeros meses del próximo año, cuando es posible que la emergencia sanitaria no se haya despejado del todo.

Pero lo más relevante es que parece haber bastante consenso en que la reforma que consagra la elección de los gobernadores no ha logrado cuajar aún en una propuesta integral, que dé cuenta de cuál es la visión de descentralización que el país espera lograr. De momento, las nuevas autoridades contarían con facultades genéricas, sin posibilidad de ejercer un poder ejecutivo real, y estando pendientes aún la dictación de varios reglamentos relativos a las competencias que serán traspasadas a los gobiernos regionales, confirma que el diseño de esta estructura no está bien afinado. Tampoco se cuenta con una ley de financiamiento regional, la cual fue comprometida para este año, pero la contingencia provocada por el Covid-19 probablemente deja poco margen para una discusión en profundidad de esta materia, habida cuenta de la abultada agenda legislativa que ya existe, y cuando no es claro aún los recursos que el Estado deberá seguir destinando para contener los efectos de la pandemia.

A medida que el país se encamina a iniciar una discusión constitucional, cuya extensión y profundidad dependerá del resultado del próximo plebiscito, parece ser esa la instancia adecuada para que se defina cuál es el modelo de descentralización que despierta mayor consenso, y una vez que se cuente con dichos lineamientos llevar a cabo la elección de estas autoridades. No tiene mayor sentido empecinarse en establecer ahora gobernadores regionales cuando toda esa estructura podría ser cambiada sustancialmente a futuro.

Es explicable la reticencia de los partidos políticos para postergar estas elecciones, pues sus incentivos están fundamentalmente puestos en abrir espacios de competencia y disputar el poder político. Por ello sería razonable que las organizaciones civiles, centros de estudios y especialistas en políticas públicas pudieran abrir un debate amplio y en función de ello sensibilizar sobre la conveniencia de hacer estas elecciones una vez concluido el proceso constituyente.