Opinión

Debate por regulación a las Isapres


Una vez más, la Corte Suprema tomó acciones para ir acotando las posibilidades de que las Isapres puedan diferenciar las primas que aplican en sus seguros de salud, a cada afiliado, según el riesgo que éstos representan.

Hay una cierta expectativa, en el país y más allá del sistema judicial, de que el sistema de seguros privados de salud debería evolucionar hacia una misma prima para cada individuo asegurado, independiente de su riesgo de salud, y por ende del gasto que se anticipe para esa persona. Al mismo tiempo se aspira a que un asegurado, independientemente de su estado de salud, pueda moverse entre Isapres, sin tener que pagar más, para evitar que deba permanecer “cautivo” en una aseguradora determinada. También se entiende que, lograda la operación del sistema de Isapres en base a una tarifa que no discrimine por sexo, edad o estado de salud, cualquier persona debería poder afiliarse a dichas instituciones sin tener que aprobar exámenes previos de salud.

Todo lo anterior, si bien altamente deseable, es incompatible con el funcionamiento de nuestro sistema privado de aseguramiento de la salud. Los afiliados con buena situación de salud abandonarían el sistema, mientras las Isapres, en competencia, encontrarían muy fácil captar afiliados con problemas de salud severos. El resultado: una concentración de riesgos en el sistema de Isapres, tarifas al alza, calidad a la baja y, en definitiva, el fracaso del sistema o la necesidad de recurrir a subsidio estatal.

Hay buenas soluciones para el aseguramiento de la salud, con más mercado, más competencia, capaces de garantizar un mejor acceso de los chilenos a la salud, con los recursos actuales. Una, atractiva, fue la propuesta de minoría efectuada en 2010 por la Comisión Presidencial de Salud constituida en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En ésta, los aseguradores -privados y públicos- sólo cobrarían una tarifa plana a sus afiliados. Un fondo, que reuniría los aportes fiscales para salud, y los privados que determine la legislación previsional, distribuiría todos estos dineros entre los aseguradores según el riesgo de sus carteras. Con parámetros correctamente definidos, habría suficiente financiamiento para un plan básico universal, tarifa plana, movilidad de los afiliados entre aseguradores, y competencia entre aseguradores y entre prestadores. Requiere, por cierto, para ser financiable, disposición de todos a aportar a un sistema universal; y, para ser eficiente, que aseguradores y prestadores públicos se sometan a la competencia, con renuncia a ingresos garantizados por el fisco.

Tras ocho años, no hay avances en la dirección de estas propuestas. Regulaciones llaman a más regulaciones y el sistema privado se ve cada vez más restringido por limitaciones y trabas a su funcionamiento competitivo; mientras, el Estado asume costos crecientes para sostener un sistema estatal de muy baja eficiencia, incapaz de garantizar un acceso mínimo a todos quienes lo solicitan, pero que parece llamado a crecer para absorber una fracción cada vez más alta de la población. Todo esto va a seguir siendo motivo de frustración y distanciamiento de la población respecto de quienes tienen la responsabilidad por el sistema de salud.

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