Debilidad de la legislación sobre corrupción

Señor director

En España hubo un cambio de gobierno a partir de una contundente sentencia que estableció que se había creado un "auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública", en la cual el Partido Popular -que gobernaba hasta entonces- había obtenido beneficios económicos cuantificables. Las penas para los responsables llegan hasta los 50 años de cárcel.

En Brasil, un ex presidente y posible candidato presidencial se encuentra en prisión por el caso Petrobras y diversos empresarios enfrentan sanciones cercanas a los 10 años. En Chile, pese a que han existido casos de corrupción y financiamiento ilegal a la política, solo un exparlamentario enfrenta posibles penas efectivas de cárcel. Otros involucrados han enfrentado salidas alternativas e incluso un conocido empresario acaba de asumir como asesor externo de una empresa sancionada dos veces por infracciones a la ley.

Nuestra legislación en materia de corrupción es débil y no se ve la misma contundencia para combatirla como sí se ha visto para aumentar las sanciones por delitos contra la propiedad (como ocurrió con la agenda corta antidelincuencia en el gobierno pasado y como propone el actual Ejecutivo para los portonazos). ¿Son más graves estos delitos? La respuesta es un rotundo no. Sin querer minimizar la sensación de inseguridad y la importancia de prevenir y sancionarlos, los efectos de la corrupción en nuestra sociedad son muy altos, desde desconfianza hacia las instituciones políticas y el sector privado, hasta consecuencias en los sectores más vulnerables. Por eso es deber de las autoridades legislar para que la corrupción sea igual o más grave que los delitos contra la propiedad y lograr que los delincuentes de "cuello y corbata" no tengan un estándar diferente a otros.

María Jaraquemada

Directora de Incidencia de Espacio Público