Deja vú y migraciones

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Deja vú, como sabemos, significa "ya visto". Pues bien, ya hemos visto y comentado el proyecto de ley de migración y extranjería presentado en 2013 por el Presidente Sebastián Piñera, y al que el pasado martes 13 de marzo se le asignó urgencia simple tras haber permanecido por más de dos años en el Congreso.

El proyecto contiene aspectos muy positivos y que implican respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, como, por ejemplo, el acceso a derechos laborales o educación sin distinciones de nacionalidad o situación migratoria. Sin embargo, nos topamos con graves falencias que sí vulneran derechos. Por de pronto, el proyecto tiene un enfoque en extremo economicista, en donde la persona migrante no es quien ejerce su derecho humano al libre tránsito, sino que es vista, desde una mirada utilitarista, como alguien que podrá ingresar y permanecer en el país en la medida en que beneficie a Chile. ¿Se puede poner el beneficio de un Estado por sobre un derecho humano? La respuesta es no. El Estado, desde su soberanía, puede decidir quién ingresa y quién no, pero tiene un límite claro: el respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho humano a migrar y la no discriminación – que no tienen como requisito el tener una profesión u oficio.

Además, encontramos deficiencias en la consagración de derechos humanos básicos y retrocesos en relación a lo que ya existe administrativamente, como, por ejemplo, lo relacionado al derecho a la salud, al cual solo podrían acceder quienes tengan un permiso de residencia y no todos, como debiera ser.

De la misma forma, tropezamos con problemas relacionados a los permisos de residencia: no se contemplan visas para grupos especiales y se exige a quienes ingresan como turistas y quieran quedarse, v.g., para trabajar, que se vayan y luego, desde fuera y a través de un consulado chileno, pidan un permiso de residencia. Esto vulnera su libertad y su economía personal, y es un retroceso en relación a cómo se hace hoy. Hay que entender que las mayores trabas para el ingreso o permanencia en el país no detienen la migración, sino, como la experiencia ha demostrado, únicamente consiguen favorecer la migración irregular (forzada por las circunstancias) y el tráfico y trata de personas. También se ha visto que la obtención de visas consulares no es eficaz. Así, entendiendo la realidad migratoria, habría que dejar atrás esta idea y crear una visa  - entregada en la frontera y por un período de tiempo determinado - para quienes vienen con intenciones de asentarse en el país y buscar un trabajo.

Además, encontramos en el proyecto dificultades en relación al debido proceso, las medidas de expulsión y los recursos. No aparece la debida defensa ni el principio de promoción de la regularización migratoria, y los recursos son insuficientes y contrarios a los estándares internacionales.

Por último, muy grave es lo establecido en relación a los hijos de extranjeros nacidos en Chile, a quienes les corresponde la nacionalidad chilena, independientemente de la situación migratoria de sus padres, según ha señalado la Corte Suprema. El proyecto olvida los avances  y mantiene exactamente el criterio opuesto.

¿No se hicieron decenas de fundadas sugerencias? ¿No escribimos una columna de opinión como esta antes? ¿Acaso no es esto un deja vú? Este proyecto de ley es una oportunidad para que el Estado salde la deuda que tiene desde hace más de 40 años con las personas migrantes, y esperamos que, de una vez por todas, lleguemos a tener una ley que respete, proteja y promueva los derechos humanos de estas personas.

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