Democracia, inversión regional y desarrollo

Chile exhibe una tasa de formación bruta de capital del 22% del PIB para el año 2017. Ello es levemente mayor a la misma cifra para América Latica (19%) y muy similar a dicha tasa para la OCDE (20,9%). No obstante lo anterior, ello esconde gran heterogeneidad al interior del territorio, lo cual se expresa en significativas diferencias en la calidad de vida entre regiones. Al respecto cabe preguntarse si la distribución territorial de la inversión pública permitirá compensar, y eventualmente cerrar las brechas existentes en un plazo razonable. La respuesta es ciertamente negativa. La inversión pública en Chile representa solo un quinto (20%) de la inversión total. Si bien más del 40% de la población vive en la región metropolitana, la inversión pública en dicha región es inferior al 20% del total, lo cual implica un evidente sesgo pro regional en su distribución territorial. La reciente iniciativa del Plan de Impulso a La Araucanía es un aporte en la dirección correcta, puesto que reconoce un esfuerzo especial del Estado en una zona con evidentes rezagos económicos y sociales. Sin embargo, es la inversión privada la que puede generar una diferencia significativa, tanto por su volumen (80% del total), como así también porque esta produce más del 85% del empleo asalariado. Estimaciones de la Corporación de Bienes de Capital para el 2017, muestran que a diferencia de la inversión pública, la inversión privada tiene una distribución bastante sesgada hacia la Región Metropolitana con un 33% del total, y otras regiones específicas tales como Antofagasta (33%) y Atacama (6,5%). Ello se compara con solo un 1,5% en La Araucanía y menos del 1% del total en Aysén y Magallanes. Este sesgo centralizador es aún mayor si descontamos la inversión del MOP, la cual es contabilizada como privada pero financiada por el sector público.

El desafío es cómo desplazar la inversión privada hacia regiones con menor desarrollo relativo. Una opción es el subsidio a los emprendimientos privados en zonas aisladas y/o rezagadas. En dicha lógica se inscriben la bonificación a la mano de obra y la inversión en zonas extremas (DL 889 y DL 15), los beneficios asociados a la zona franca en Iquique y Punta Arenas, la Ley Austral, la Ley Tierra del Fuego y la Ley Navarino. Esta política implica sin embargo un alto costo, puesto que compromete significativos recursos en subsidios directos y genera un importante gasto tributario en la forma de impuestos no recaudados. Una segunda alternativa es el mejoramiento de la información disponible para las familias e inversionistas en la búsqueda de nuevas oportunidades y desafíos. Una línea de acción en esta dirección es el Observatorio Regional de la Subdere, el cual permite sintetizar información diversa, realizar comparaciones relevantes y hacer seguimiento del desempeño regional en el tiempo.

Sin embargo, un tema pendiente es la concesión de mayor autonomía fiscal a las regiones. En dicho espíritu podría establecerse que al menos una parte del impuesto de primera categoría vuelva a las regiones de origen, y que estas puedan decidir sobre la tasa correspondiente dentro de un rango definido centralizadamente. Esta propuesta no pretende cerrar las brechas de recursos fiscales entre regiones - puesto que estas difieren sustancialmente en su base gravable, y no desconoce las dificultades técnicas y normativas envueltas, las cuales han sido ampliamente discutidas y debidamente resueltas en la experiencia internacional. Sin embargo, posee un importante beneficio potencial, cual es permitir que los futuros gobernadores regionales asuman cierta responsabilidad en la generación de ingresos propios. Ello hace a las autoridades más responsables frente a su comunidad, profundiza la autonomía regional en la definición y promoción del desarrollo que la comunidad desea tener, y reduce la probabilidad de que los futuros gobernadores regionales ejerzan permanente presión sobre el gobierno central en la búsqueda de mayores trasferencias.