Deportaciones y política migratoria

La imagen de 51 colombianos deportados del país por vía aérea ha causado polémica, en particular por el alto nivel de exposición que tuvo el procedimiento y porque a juicio de algunos la expulsión aparece como una medida extrema, que produce grave desarraigo tanto en el afectado como en su familia directa. El gobierno ha defendido la decisión -el operativo fue respaldado por el propio Presidente de la República-, anunciando que este mecanismo será utilizado cada vez que así se requiera, cumpliendo con lo establecido en la ley.

Los temas vinculados a la inmigración, especialmente cuando se refieren a una deportación, son de aquellos que fácilmente polarizan a la opinión pública, y de allí la necesidad de que su tratamiento se apegue a procedimientos imparciales, sin estridencia y evitando incurrir en populismos, ya sea que se trate de actitudes xenófobas, o bien de excesiva permisividad frente a la inmigración ilegal o ante conductas delictuales.

Es lamentable que distintas administraciones hayan consentido en tolerar la llegada masiva de inmigrantes en condición irregular, creando una situación caótica que equivocadamente se ha pretendido confundir con un asunto de derechos humanos. El gobierno anterior fue particularmente permisivo, pues bajo este período se hizo muy evidente la llegada de flujos masivos al país bajo la figura de "turismo" -en circunstancias que el objetivo era lograr una residencia-, sin que se tomaran medidas correctivas. Esta irregular situación ya se hacía insostenible, dañando incluso a quienes legítimamente buscaban una oportunidad en Chile cumpliendo con toda la legislación, lo que hacía necesario actuar.

El proceso de regularización que inició el gobierno es un camino acertado, porque abre la oportunidad para que miles de personas en situación irregular, pero que buscan aportar honestamente, tengan la oportunidad para ello. Los más de 155 mil extranjeros que decidieron acogerse al proceso de regulación migratoria al que convocó el gobierno, a la vez de dar cuenta del alto número de personas que ha ingresado al país en forma irregular en los últimos años, también muestra el masivo deseo de los propios interesados por lograr una residencia conforme la ley, lo que debe ser apoyado por las instituciones del Estado.

La deportación forma parte de las herramientas sancionatorias de que dispone el Estado, pero debe ser utilizada en forma prudente y como última alternativa. En los casos que han llamado la atención por estos días, la mayoría de los expulsados fue por infracciones a la ley de drogas -delito grave en nuestra legislación-, varios de los cuales lo fueron además por dictámenes de los propios tribunales de justicia. Las estadísticas muestran que el mecanismo de la expulsión no es infrecuente, excepto que no siempre conocido. Es difícil sostener entonces que este reciente procedimiento, aun cuando reviste especial dureza para los afectados, pueda ser calificado de arbitrario.

El gobierno debe cuidar, sin embargo, de no incurrir en la publicidad excesiva de estos casos -las imágenes de los deportados en fila india y esposados era del todo innecesaria- y evitar impresiones equívocas, como colocar "metas" en materia de expulsión, por el riesgo de que se reproche que el énfasis de la política migratoria esté en las sanciones y no en una regulación justa y moderna.