SEÑOR DIRECTOR
El tema del derecho a la vivienda se viene sugiriendo en la discusión constitucional desde hace mucho tiempo, incluso antes de que iniciase el proceso constituyente en que se encuentra inmerso el país en la actualidad.
Ante esta coyuntura y la necesidad de que una inclusión de esta naturaleza pueda tener aplicación práctica en las políticas públicas, creemos que una eventual consagración de esta garantía debe contemplar tres fases:
La primera es que se respete la autonomía de las personas y sus familias en todas las etapas de los procesos de postulación, así como la concurrencia de todos los actores del mundo privado que deseen participar dentro del marco legal.
La segunda es que no debe entenderse a este derecho como un principio fundador de la política habitacional en nuestro país, a pretexto de dar pie a una aventura institucional, sino que como una norma que reconoce la red de apoyo a la vivienda con que cuenta nuestro país desde hace décadas, la cual ha permitido a millones de familia poder acceder distintas soluciones habitacionales. No debemos olvidar que el Minvu es el tercer ministerio con mayor presupuesto.
La tercera dimensión es la necesidad de reconocer el principio de integración urbana como un eje esencial de la política habitacional en nuestro país, ya que la vivienda es parte de un contexto-ciudad, donde se requiere que se garantice a las familias el acceso a todo lo que ello conlleva: transporte, salud, educación, comercio, recreación, entre muchas otras.
Ignacio Rodríguez
Abogado
Fundación Jaime Guzmán E.
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