*Esta columna fue escrita junto a Mauricio Pino U. de Chile. 

La educación pública y particular subvencionada atiende a la población estudiantil más vulnerable del país, aquella que en sus instituciones educativas no sólo debiese encontrar un espacio de aprendizaje, sino que también de contención, de interacción social, e incluso de servicios tan básicos como la posibilidad de alimentación. La grave crisis social por la que está atravesado el país ha surgido justamente por abandonar a aquellos que más lo necesitan, lo que se refleja también por la enorme desigualdad en las oportunidades educativas y el sostenido deterioro de la educación pública. En el fondo, parte de este gran malestar social se vincula a que no se ha garantizado la realización plena del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes del país.

Una condición básica del derecho a la educación es que la educación con financiamiento del estado sea accesible. Un cierre anticipado del año escolar en forma masiva tendrá graves consecuencias para aquellos que justamente necesitan más de este espacio educativo, sobre todo luego del estallido social por el que ha atravesado el país. Lejos de promover un sentido de normalidad anticipada, las escuelas y liceos deberían permanecer abiertos para recibir a sus estudiantes, para contenerlos, dialogar y reflexionar sobre el momento histórico por el que se encuentra atravesando el país, así como para identificar los mecanismos para que la nueva pérdida de clases no sea una desigualdad adicional en sus oportunidades de desarrollo a lo largo de la vida, y en cómo abordaremos los desafíos de una calidad integral de la educación.

Aun existiendo casos específicos donde no existen las condiciones para realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje, ni tampoco de seguridad para estudiantes, profesores y asistentes de la educación, estas excepciones no deberían actuar como regla general. El interés de algunos sostenedores por cerrar masivamente el año escolar no debiera ser superior al de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes del país. Así nos han hecho saber profesoras y profesores del país que quieren continuar recibiendo a sus estudiantes, pues saben que muchos de ellos necesitan de sus escuelas y liceos. La pregunta, entonces, no es sobre si debemos o no hacer un cierre anticipado del año, sino sobre qué apoyos necesitan profesores y equipos directivos para que puedan perseverar y desarrollar de la mejor forma posible el funcionamiento de sus establecimientos.

La grave crisis social por la que atraviesa el país nos exige con mayor fuerza defender y proteger la plena realización del derecho a la educación, y eso se consigue poniendo al centro el bienestar de los estudiantes como norte para tomar la decisión de mantener abiertos los colegios con jornadas regulares, flexibles y sólo en casos extremos cerrarlos anticipadamente, reconociendo las particularidades de cada situación específica. Por ello, este mismo énfasis en continuar el año escolar debe servirnos de ejemplo también para evitar todo tipo de políticas educativas que amenacen el cierre de las escuelas públicas, y apoyar aquellas que permitan el pleno desarrollo del derecho a la educación de sus estudiantes.

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