Derogación de la Ley Reservada del Cobre

En octubre de este año, la Ley Reservada del Cobre cumplirá seis décadas de existencia. Aunque este solo hecho basta para revisar su utilidad -por más que haya sido reformada sucesivamente en las décadas posteriores a su promulgación, sigue siendo objeto de recelos-, el gobierno ha decidido impulsar un proyecto que busca derogarla totalmente por razones justificadas.

Pese a que en sus inicios podían existir buenos argumentos para su existencia -Chile era un país sumergido en el subdesarrollo, con amenazas geopolíticas permanentes y con un único producto de exportación al que echar mano- es difícil plantear en pleno siglo XXI la razonabilidad de mantener entrelazados el destino de una empresa estatal como Codelco y la defensa nacional.

La derogación de la ley traerá aparejado el fin del traspaso del 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas, aunque se mantendrá por doce años este aporte a beneficio fiscal, plazo que parece del todo excesivo. Además, la indicación del Ejecutivo contempla la eliminación del fondo reservado del cobre. En su reemplazo, se busca canalizar estos recursos al presupuesto plurianual que propone la nueva ley, y en menor medida, al nuevo fondo de contingencia estratégico. El restante será consolidado con el Fondo de Estabilización Económica y Social.

Ciertamente, es un avance que la planificación de la defensa nacional no dependa de las fluctuaciones en los commodities y, más bien, responda a una planificación consensuada. Lo anterior permitirá balancear apropiadamente los requerimientos de las Fuerzas Armadas con otras prioridades tan urgentes del país como las asociadas a educación, vivienda o infraestructura, entre otras. Además, su paso por el Congreso evitará sospechas sobre manejos poco transparentes de los recursos públicos y les dará a los congresistas la oportunidad de involucrarse activamente en materias que exceden a la coyuntura política.

Se exigirá, por lo tanto, que la discusión presupuestaria asociada al financiamiento de la defensa nacional anteponga los intereses del país por sobre los partidistas y que la visión unitaria y madura que han mostrado los parlamentarios al abordar temas de política exterior se replique al momento de discutir el presupuesto en defensa.