Desafíos y premuras en la modernización del Estado

Algunos de los recientes acontecimientos que estamos viviendo en el país - pandemia, teletrabajo, ataques cibernéticos - y su impacto en la sociedad, ponen de manifiesto la urgente y necesaria modernización del Estado. Para este propósito, la tecnología dejó de ser un valor agregado y se transformó en la matriz de todas las industrias que hoy sustentan al país, incluyendo al Estado. Su inclusión debe estar en el centro de la discusión respecto a cómo abordar los cambios requeridos.

Un importante avance que empezará a regir en mayo de 2021 con la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado, es la implementación de una política que busca eliminar el papel y migrar hacia la tramitación 100% digital para mayo de 2024.

Esto se traduce en la habilitación gradual de plataformas electrónicas que funcionarán 24/7 de forma gratuita, permitiendo hacer trámites virtuales, eliminando las filas y usando la clave única para autenticar la identidad de las personas.

Adicional a esto, producto de la contingencia, se están discutiendo iniciativas como la ley que regula la protección y tratamiento de los datos personales, mientras se está gestionando la adecuación de la actual ley de delitos informáticos al Convenio Budapest sobre Cibercrimen.

Asimismo, el Ministerio del Interior se encuentra trabajando la ley marco de ciberseguridad que, entre otras acciones, buscará definir las infraestructuras críticas de la información y creará la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Si bien estas acciones son una señal en la línea correcta y, sin duda, mejorarán los procesos gracias a la tecnología, obedecen a iniciativas aisladas, sin un objetivo claro con los ciudadanos como núcleo.

Sabemos que el COVID-19 aceleró la adopción e implementación de tecnologías en las organizaciones para dar continuidad al negocio. A la vez, trajo importantes brechas de seguridad digital y un aumento considerable en los ataques cibernéticos a entidades de infraestructura crítica con información sensible, lo que será una constante en el tiempo.

Ante esta nueva realidad, es clave modernizar al Estado y democratizar la tecnología.

En esta nueva era, se requiere dotar a la ciudadanía de una identidad digital, al igual que se hizo con la cédula de identidad hace ya varias décadas. Debe existir una entidad que otorgue, valide y proteja la identidad digital de los ciudadanos, y una política pública que se haga cargo de la inclusión de la tecnología en todos los procesos del Estado.

Necesitamos un Estado no solo sin papeles, sino que facilite y brinde servicios en línea de forma segura y ágil. Hoy, gracias a la firma digital y la clave única, se pueden automatizar o eliminar diligencias en notarías, trámites en Conservador de Bienes Raíces, créditos en bancos, entre otros.

Sin embargo, aún es necesario integrar todos los procesos digitales en uno solo para que sea eficiente y beneficioso para los ciudadanos. Para que esto sea una realidad se requiere que la regulación y las leyes lo permitan, y es un rol del Estado proveerlas.

A su vez, se hace imperioso que el Estado se convierta en un agente público-estatal transformador, facilitador y habilitador que marque la pauta de esta aceleración tecnológica, que beneficiará a los ciudadanos, a la economía y al desarrollo país.

Para lograrlo, es importante tener en cuenta que esto no se logra en cuatro años, que es lo que dura un periodo de gobierno. Para alcanzar esa meta, es necesario contar con una política pública que fomente, más allá del gobierno de turno, un Estado digital serio, seguro, moderno, integrado y confiable. Por lo mismo, se hace muy necesario contar con una institución o entidad formal que permita consolidar un proyecto país de desarrollo digital.

Es imperativo mirar al futuro unidos, poniendo énfasis en incorporar mayores capacidades digitales en ámbitos que impactan directamente al bien del país y sus ciudadanos, dejando atrás los paradigmas que nos tienen atados.

Las tecnologías disponibles permiten proyectar con confianza y explotar el gran potencial de cambios hacia el futuro. Para eso, se requiere acelerar los procesos. Desechar o retrasar su adopción es un error con un alto costo en muchos aspectos para la ciudadanía, la sociedad y la economía del país. El mundo avanza y nos estamos quedando atrás.