Desafortunado manejo de la PSU

Finalmente, el Consejo de Rectores de Chile (Cruch) dio a conocer cuáles serán las medidas para concluir el proceso de ingreso a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, que fue boicoteado por la agrupación de estudiantes conocida como ACES. Tras analizar diferentes alternativas, los rectores decidieron que los casi 40 mil jóvenes que fueron impedidos de dar la prueba de Lenguaje, los 82 mil que no pudieron rendir la de Matemáticas y los poco menos de 35 mil que tienen pendiente la de Ciencias, deberán realizarlas los días 27 y 28 de enero. El mismo Cruch se coordinará con el Ministerio del Interior para definir los recintos a utilizar y el Demre de la Universidad de Chile -organismo encargado del desarrollo y aplicación de la PSU y los demás instrumentos para la admisión- deberá coordinar la logística y los examinadores. En cuanto a la prueba de Historia, que sufrió una inédita filtración, los rectores decidieron su cancelación para los 202 mil inscritos. En su lugar, se considerará el mejor puntaje obtenido por el alumno en alguna de las otras pruebas, su puntaje NEM o ranking.

Naturalmente, se trata de un escenario muy lejano al óptimo. Éste hubiera sido la rendición simultánea de las pruebas por todos los inscritos, en el momento originalmente planificado -el que ya había sido pospuesto-, en recintos correctamente resguardados y con examinadores comprometidos con la privacidad del proceso. Aun cuando el Cruch ha ofrecido excusas a los alumnos, es inevitable cuestionar cómo se pudo haber llegado a este nivel de improvisación, considerando que las amenazas de boicot venían de largo tiempo.

Es evidente que se ha provocado un severo daño a toda una generación de estudiantes, quienes con razón se sienten víctimas de una situación injusta, mal manejada y que incluso perciben que el proceso estaría viciado, lo que quizás lleve a una judicialización. De igual forma, se produce un daño a la institucionalidad para la admisión y a los propios órganos a cargo, los que parece evidente que minimizaron los riesgos. En efecto, previo a la rendición de la prueba pareció faltar convicción por asegurar la seguridad del proceso, recurriendo a todos los medios necesarios para ello, como hubiera sido el suficiente resguardo policial; sin embargo, el Cruch ha reconocido que no se quiso "sobrerreaccionar" con la presencia policial, para evitar molestias entre los estudiantes, lo que abre legítimas dudas acerca de los criterios con que se planificaron las medidas de seguridad.

Conocida la magnitud del daño ocasionado, la condena pública a los hechos y sus impulsores no parece haber sido transversal ni con la intensidad esperada. Incluso algunos sectores cuestionan que el gobierno haya presentado acciones legales invocando la Ley de Seguridad del Estado, alegando que con ello se criminaliza la protesta social. Tal proceder avala acciones que, sin perjuicio de que los tribunales habrán de determinar si constituyen delito, perjudican a toda la sociedad. La violencia no puede seguir siendo vista como método de acción política válido.