Descentralización

SEÑOR DIRECTOR

En febrero del 2018 se promulgó la Ley 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales y otras materias relativas a la gestión regional. Su aprobación fue un hito en un largo debate sobre cómo avanzar en transferir poder a los territorios.

Durante su tramitación se esperaba que las elecciones directas de gobernadores fueran concurrentes con las presidenciales; sin embargo, la demora en su discusión lo hizo inviable, por lo que fue necesario posponerlas para coincidir con las elecciones municipales.

A pesar de todo el tiempo transcurrido, se han levantado numerosas voces pidiendo que el plazo establecido sea nuevamente prorrogado. Muchos de los argumentos entregados esconden una defensa centralista acérrima; otros, la defensa de cuotas de poder. Éstas conviven con cuestionamientos a la secuencia de las reformas políticas, administrativas y fiscales, preocupaciones fundadas y razonables respecto de temas que no han sido bien resueltos y respecto de la falta de competencias y recursos de los que dispondrán las futuras administraciones regionales.

En este contexto, el gobierno ha instalado una mesa técnica por la descentralización del país, integrada por trece especialistas y liderada por el subsecretario de Desarrollo Social, para buscar soluciones en cinco ámbitos de preocupación, de aquí a fines de agosto. En un sentido similar, una coalición amplia de actores e instituciones comprometidas con la descentralización, incluyendo las bancadas regionalistas del Senado y la Cámara de Diputados/as, la Asociación Chilena de Municipalidades, la ANEF, firmaron un compromiso proponiendo diez medidas para una agenda corta.

Un desarrollo sostenible requiere soluciones adecuadas para las realidades de cada territorio, esto implica avanzar para desconcentrar poder y recursos hacia las regiones. Para que este proceso sea virtuoso se requiere sentido de urgencia y liderazgo para encontrar soluciones a los problemas pendientes de cara a la elección democrática de autoridades regionales el 2020, tal como lo estipula la ley.

Marcela Ríos Tobar

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo