Descentralización: avancemos uniendo

Por Elisa Cabezón, integrante de la Red Pivotes

Existe consenso de que Chile está en deuda con la descentralización y que tenemos amplias desigualdades territoriales. Por ejemplo, hay una gran disparidad en los ingresos por cabeza entre las regiones: en 2018, la región con el mayor PIB per cápita fue Antofagasta, con más de $22 millones anuales por persona, mientras la región con menores ingresos fue La Araucanía, con un PIB per cápita bajo los $4 millones anuales. Esta disparidad también se refleja en la pobreza multidimensional —que considera indicadores de educación, salud, trabajo, vivienda, entorno, re­des y cohesión social—, en que Magallanes tiene los menores niveles (10,8%), mientras que La Araucanía alcanza los niveles más altos (28,5%).

Con la intención de avanzar en la descentralización de Chile, la constituyente aprobó una iniciativa que establece regiones con autonomía política, administrativa y financiera, además de estar dotadas de patrimonio propio. El texto deja varias dudas e inquietudes. Por ejemplo, ¿qué implica y cuán profunda será la autonomía administrativa y política?; o respecto a la autonomía financiera, ¿cómo se financiarán los gobiernos subnacionales? También en torno al patrimonio propio: ¿acaso aquellas más ricas se quedarán con sus recursos y las regiones más pobres con su escasez?

Por suerte en Chile existe abundante evidencia de nuestros académicos (made in Chile) para guiarnos en una descentralización sana y beneficiosa. Entre ellos, Martín Besfamille, Jorge Rodríguez, Ignacio Irarrázaval, Isabel Aninat, Slaven Razmilic, Felipe Irarrázaval, Arturo Orellana. Y hay acuerdo entre varios de que Chile debe mantenerse como un Estado unitario en lugar de un Estado federal, avanzando en la descentralización financiera preferentemente a partir de transferencias desde el nivel central hacia los gobiernos locales, con fórmulas que sigan un criterio para cerrar brechas regionales, identificando los territorios rezagados y excluidos del desarrollo socioeconómico.

También se ha hablado de entregar nuevas competencias a autoridades más cercanas a la comunidad, como municipios y gobiernos regionales, siguiendo un “principio de subsidiariedad competencial”. Según éste, cada función pública debe radicarse en el nivel donde se ejerce de igual forma o mejor, privilegiando lo local por sobre lo regional; y este último por sobre el nacional. Solo aquellas funciones que no puedan ser asumidas adecuadamente por el nivel local deben recaer en la competencia del gobierno central.

Saquemos la evidencia del cajón y usémosla. Avancemos en la descentralización de Chile con prudencia y cuidado, sin caer al precipicio. Y derrotemos el centralismo también reconociendo las diversas etnias y culturas que coexisten en su territorio, para integrarlas a la nación, con sus tradiciones y costumbres. Descentralicemos, sí, pero uniendo al país, no dividiéndolo.