A casi dos años de la elección de los gobernadores regionales, hemos podido constatar interesantes ejemplos de gestión y liderazgo en condiciones complejas. Algunos han demostrado capacidad para convocar y movilizar a las distintas autoridades nacionales y locales en escenarios de gran convulsión por hechos violentos; e invitar a conversar a los distintos actores con el objetivo de identificar las brechas, desafíos y compromisos en materia ambiental.
No obstante, en veredas opuestas encontramos casos donde el propio consejo regional cuestiona a su máxima autoridad por déficits de gestión. Estos casos no son aislados. Si aplicamos la regla de ejecución, comparando el presupuesto inicial aprobado para los gobiernos regionales en 2022 con su ejecución final real, esta no habría superado el 85%, afectando con ello la capacidad de crecimiento y creación de empleos.
Cabe entonces concordar que la elección de los gobernadores es solo un eslabón de una compleja cadena de instituciones y decisiones que como país debemos construir. En tal sentido, uno de los desafíos más importantes sigue siendo la formación, atracción y retención de capital humano calificado en regiones.
Desde el mundo de las universidades es una tarea que debemos abordar con decisión, no solo asegurando la excelencia académica, sino que imprimiendo sólidos valores y estimulando el compromiso de nuestros jóvenes con sus comunidades. Programas y proyectos destinados a involucrar tempranamente a estudiantes e investigadores en asuntos de interés público marcarán una contribución sustantiva para el desarrollo regional.
Pero se hace complejo atraer y retener capital humano calificado si no existen incentivos adecuados a la inversión, con procedimientos expeditos para iniciar nuevos negocios y estímulos tributarios transitorios. Por eso, el rol del Estado, en sus distintos niveles, debe ser entendido como un catalizador que promueva el pleno desarrollo de la actividad privada distribuyendo sus recursos de manera equitativa en el territorio. Por su lado, el sector privado debe contribuir en la generación de bienes públicos y el desarrollo sostenible de la industria de la mano de las comunidades.
Finalmente, un proceso de descentralización efectivo requiere de altos niveles de coordinación entre las instituciones del Estado: municipios, gobiernos regionales, ministerios y servicios públicos. Esto requiere un diseño orgánico de competencias y facultades bien definido y el compromiso político de las distintas autoridades de avanzar en un actuar complementario y no competitivo, articulado y no desconectado, motivados por el sentido de urgencia y la responsabilidad que exige administrar los recursos de todos los chilenos.
Por María Paz Troncoso, Centro de Políticas Públicas, Facultad de Economía y Gobierno, Universidad San Sebastián; ex subsecretaria de Desarrollo Regional
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