SEÑOR DIRECTOR
Se ha empezado a discutir un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por decisión de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Se lo avala apelando a la situación de injusticia en las que se encuentran muchas de nuestras compatriotas que, por motivos diversos, se someten a abortos en insalubres condiciones de clandestinidad.
De las muchas consideraciones que esta iniciativa amerita, me limito a dos. La primera tiene que ver con el verdadero propósito de este proyecto. Quienes lo promueven se apuran en aclarar que despenalizar no supone legalizar. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que la despenalización es el primer paso de la legalización. En efecto, si lo que se quiere solucionar con esta ley es la inseguridad y clandestinidad a que se ven sometidas las mujeres que deciden llevar a cabo un aborto, y si muchas de esas mujeres pertenecen además a grupos vulnerables, el siguiente paso natural será exigir que los prestadores de salud proporcionen los medios para que ellas puedan hacerlo en condiciones controladas y seguras.
Lo más llamativo de toda esta discusión es la ominosa arbitrariedad en la que descansa. ¿Por qué el límite de las 14 semanas? Toda la evidencia empírica aportada por la biología del desarrollo, la embriología y la medicina fetal, nos lleva a concluir que los hitos que identificamos en la gestación son solo eventos de un proceso fundamentalmente continuo de cambios, cuyo sujeto es uno y el mismo desde el momento de la concepción y hasta su muerte. Siendo así, y supuesto que es siempre ilegítimo dar muerte al inocente, parece obvio que el aborto procurado debiera considerarse un caso más de la especie común del homicidio.
Vale la pena señalar que nada de esto equivale a afirmar que toda mujer que aborta deba ir a la cárcel. Nuestro Código Penal reconoce distintas hipótesis de exculpación de la responsabilidad penal que vienen a proteger a la mujer que se ha visto en la necesidad de terminar con la vida del feto. Ni el sistema chileno ni ningún otro ordenamiento buscan criminalizar a la mujer. Se trata de proteger la vida de los que están por nacer, casi la mitad de los cuales -dicho sea de paso- son también mujeres.
Juan Eduardo Carreño
Director del Centro de Bioética de la Universidad de Los Andes
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