La sociedad, especialmente la moderna, basa su organización en un conjunto de sistemas normativos que ordenan las relaciones humanas, racionalizan el ejercicio del poder y generan un sentido de legitimidad y pertenencia que fortalecen la cohesión en el estado contemporáneo. Las instituciones proveen uno de los rasgos esenciales de la modernidad: la despersonalización de las decisiones; sin el entramado institucional sería imposible el ideal del gobierno de la ley, por ejemplo.
No existe un proyecto político disociador que no reconozca en ellas el mayor de sus adversarios, la democracia “burguesa” o la justicia de “clase”, son dos ejemplos clásicos de expresiones que grafican la manera en que se deslegitiman instituciones esenciales en la limitación del poder y su uso arbitrario. Los totalitarismos las destruyeron y reemplazaron por meras estructuras funcionales a la imposición de la ideología dominante, carentes del sentido natural que le es propio en el estado democrático de derecho.
Hoy las redes sociales favorecen la difusión de las llamadas “fake news”, muchas veces construidas sobre la base de mixturas de verdad y mentira, que les dan una apariencia de realidad y que van generando la impresión en el ciudadano común que todas las organizaciones, tradicionalmente respetadas y valoradas, no son más que un amasijo de corrupción, privilegios y abusos. Así, vocaciones indispensables, que en el pasado fueron respetadas y tenían una compensación moral que equilibraba el sacrificio económico que entrañan, se han visto desprovistas incluso de ese incentivo.
En un ejemplo reciente un canal de televisión hizo una parodia con un actor disfrazado de militar, con un guion que ridiculiza y degrada la profesión militar. Ante la reacción natural y obvia del Ejército y demás ramas de la defensa rechazando la injuria, se responde apelando a la libertad de expresión, pero negándole ese mismo derecho a las fuerzas armadas bajo la excusa pueril de la obligación de no deliberar, restricción que dice relación con la prohibición de cuestionar las órdenes y decisiones del poder público, pero nada tiene que ver con el derecho a defenderse de injurias o incluso críticas, provenientes de particulares, más aún si son proferidas a través de un medio de comunicación.
Quienes creemos en la libertad individual no podemos permanecer indiferentes ante la demolición sistemática de las instituciones, a través de las cuales se ejerce el poder estatal de manera reglada, responsable y sometida al legítimo escrutinio público.
La degradación sistemática de las fuerzas armadas, de la policía, del sistema de justicia y también de la política, consiguen debilitarlas, para luego someterlas e instrumentalizarlas, como ha ocurrido en nuestro propio continente. Cuando campea el riesgo del populismo, solo nos quedan las instituciones. Es necesario no olvidarlo.
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