Aldo Valle

Aldo Valle

Rector de la U. de Valparaíso

Opinión

Desventuras de la gratuidad

Más de 270 mil estudiantes rindieron el año pasado la PSU. De ellos, 154 mil postularon a los 41 planteles adscritos al Sistema Único de Admisión. Foto: Juan Farías

Esta política pública nació como una demanda desde la calle, pero ha sido cuestionada desde su origen, incluso por quienes estuvieron a cargo de su diseño. Recordemos que un ministro del gobierno anterior la propuso con una cobertura por cuatro años solamente. Se aplicó al comienzo, en virtud de una glosa presupuestaria; en 2016 se presentó un proyecto de ley con su regulación permanente, pero dicho proyecto debió ser sustituido al año siguiente. Durante la tramitación, se hizo presente una y otra vez que los estudiantes beneficiarios, precisamente por pertenecer a los deciles más vulnerables, no concluían sus estudios durante el tiempo formal de sus carreras.

Las razones pedagógicas y académicas son fáciles de advertir.
A partir de este año, 27.000 estudiantes perderán el beneficio. Se trata de quienes solo lo tuvieron por dos o tres años, no por todo el tiempo de duración de sus carreras. El próximo año se incorporarán otros tantos miles, que sumarán un universo aún mayor, cuyo costo la ley traslada a las instituciones, al menos, en un 50%, sin que el Estado se haga cargo de ese menor ingreso por el primer año adicional. Pero, puede ser más grave aún; si los estudiantes no obtienen otros beneficios, como becas o créditos, las universidades en los hechos tendrán que cargar con el 100% del costo de cada alumno. El legislador estableció así un perjuicio para las instituciones, pero además con efecto retroactivo, porque tal imposición rige respecto de estudiantes que ya habían ingresado a las universidades conforme a un régimen jurídico preexistente.

La última dificultad se produjo con ocasión de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2019. Por vía de moción parlamentaria, el Congreso Nacional aprobó que las universidades pudieran disponer de un porcentaje de los excedentes de las recuperaciones por pago de los créditos anteriores. El objetivo era compensar el menor ingreso de las instituciones, pero los parlamentarios de gobierno interpusieron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, cuya decisión terminó dejando sin efecto tal disposición, por ser esa materia legislativa de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Esta solución no importaba mayores recursos fiscales y permitía una gestión más eficiente de fondos existentes en el sistema, sin gravar a los estudiantes, ni desfinanciar a las instituciones. Hasta la fecha, no se sabe de iniciativa alguna.

La mayor desventura de la gratuidad es que, entre el diseño original defectuoso y la distancia ideológica de la coalición gobernante, se produce un efecto muy desfavorable para dicha política pública, los estudiantes, sus familias y las universidades. Sin embargo, los gobiernos siempre están llamados a resolver los problemas sociales, independientemente de las responsabilidades que tengan por efectos de leyes anteriores

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