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Opinión

Dictamen sobre protocolo del Minsal


 

SEÑOR DIRECTOR
En relación al fondo del dictamen de la Contraloría, de que no pueden acogerse a objeción de conciencia las instituciones privadas con contratos administrativos del ámbito de la salud vigentes, se decidió correctamente y dentro de lo previsible según su jurisprudencia. Aquello coincide con el derecho comparado relevante, que homologa las obligaciones de servicio público cuando esta tarea es desarrollada por organismos privados. En suma, su razonamiento demuestra un estándar elevado de justificación en el contexto de la discusión jurídica.
Finalmente, resta celebrar su actual política comunicacional, la cual ha logrado explicar a la ciudadanía un asunto complejo jurídicamente. Por cierto, lo hemos visto tanto en la difusión de su rol institucional como en otros pronunciamientos. En el contexto de la crisis de confianza a las instituciones, es una tarea importante que debe ser celebrada.

Flavio Quezada Rodríguez
Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Valparaíso

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