Diputado Hales



SEÑOR DIRECTOR

En relación al artículo publicado el Domingo 24 de Junio, titulado "Las otras declaraciones contra el exdiputado Hales", en mi calidad de abogado de don Patricio Hales Dib, cumplo con mi deber profesional de manifestar lo siguiente:

En primer término, cabe señalar que el artículo revela un pleno conocimiento de los antecedentes que rolan en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y, el hecho de darlos a conocer a terceros distintos a los intervinientes, constituye un ilícito sancionado por la ley.

Por otra parte, debo hacer presente que esta no es la primera vez que se produce esta situación, circunstancia por la cual la Fiscalía Metropolitana Oriente del Ministerio Público se encuentra realizando una investigación destinada a establecer las responsabilidades correspondientes que puedan derivarse de tal anomalía.

Basta la sola lectura del artículo para percatarse de los móviles que se persiguen con su publicación, puesto que todos los antecedentes que se dan a conocer perjudican el honor y la reputación del señor Hales Dib, omitiéndose en cambio los numerosos elementos de juicio que existen en la investigación que demuestran su más absoluta inocencia, la falsedad de las imputaciones formuladas en su contra y las "advertencias" que se le formularon antes de la presentación de la querella en el evento de no acceder a determinados requerimientos las que, con el paso del tiempo, se han visto cumplidas en su totalidad.

Esta defensa, como siempre ha sido su modo de proceder, formula sus pretensiones ante los órganos que legalmente corresponde, esto es, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, ajustándose a los marcos éticos de nuestra profesión, por lo cual esta carta constituye una excepción a la cual me he visto obligado atendida la grave afectación al honor de mi representado.

Por último, cabe hacer presente que esta insana y cada vez más generalizada práctica de algunos litigantes de destruir la imagen pública de aquellos contra quienes dirigen sus acciones, en forma previa a que exista un pronunciamiento por parte de los Tribunales de Justicia, ya no constituye únicamente un atentado contra la honra y la dignidad de las personas, sino también una forma de horadar paulatinamente instituciones fundamentales en un Estado de Derecho, en la medida que las decisiones de los órganos naturalmente encargados de la administración de justicia pasan a un segundo plano, quedando en la opinión pública únicamente las "sentencias" dictadas a través de los medios de comunicación social.

Hugo Rivera Villalobos

Abogado

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