La Tercera

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Opinión

Discrepancias entre el TC y la Corte Suprema


En las últimas semanas, declaraciones de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema (CS) han dado cuenta de una tensión existente entre ambas instituciones -como resultado del ejercicio de sus potestades-, y que se vio claramente manifestada a propósito de la declaración de inaplicabilidad de normas sobre tutela laboral a funcionarios municipales por parte del TC, y de la declaración de admisibilidad de un recurso de protección en contra del mismo fallo por parte de la CS. Las críticas palabras del presidente del máximo tribunal en el discurso inaugural del año judicial referidas al caso, así como al efecto suspensivo en causas judiciales de resoluciones del TC, y las del presidente de este tribunal, quien hizo ver que la Suprema carece de jurisdicción para revisar los fundamentos o contenidos de la sentencia, dan cuenta de aquello.

En el plano normativo, las definiciones contenidas en la Constitución son claras en cuanto a las competencias de la CS y el TC, sin que ninguno pueda atribuirse otras facultades, ni aun a pretexto de situaciones extraordinarias, siendo incuestionable que la supremacía en la interpretación constitucional la tiene el TC, contra cuyos fallos no procede recurso alguno. Forzar el mandato constitucional que tiene el Poder Judicial de conocer las causas y fallarlas como pretexto para inmiscuirse en el terreno constitucional, no hace sino debilitar la indispensable certeza jurídica.

No cabe duda que más allá de que la Constitución acote el ámbito de acción de cada quien, siempre será bienvenido un ejercicio de prudencia en las decisiones de todos los tribunales. Así, las inaplicabilidades decididas por el Tribunal Constitucional deberían respetar mejor la gestión pendiente en el otro tribunal.

No corresponde que instituciones de tanta relevancia en el entramado institucional del país estén públicamente en una suerte de juego de poderes, que finalmente no trae ningún beneficio, por lo que cabe apelar a la prudencia para evitar que esta situación escale a un conflicto institucional.

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