Dominga y dificultades para evaluación ambiental

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TERRENOS - LOTEOS - PARCELAS - PARCELA - VENTA - LOS CHOROS - COMUNA DE LA HIGUERA - PROYECTO MINERA DOMINGA - POLEMICA - IRREGULARIDADES - CUARTA REGION - PUBLICADA - 20170404 - ENTRADA LOTEOS - LOS CHOROS, calle las Bandurrias que sirve de entrada a Loteos ubicados en los Choros comuna de la Higuera region Coquimbo / FOTO: HERNAN CONTRERAS - Hernan Contreras B.


En Chile, cada vez se está haciendo más complejo ejecutar proyectos de inversión de gran envergadura. Se ha vuelto una constante que las grandes iniciativas de inversión no solo enfrenten oposición creciente de grupos bien organizados, sino además tengan que lidiar con una incerteza jurídica -producto de discrepancias al interior de toda la cadena que interviene en el proceso de evaluación ambiental- que no se disipa ni siquiera cuando la inversión comienza su ciclo productivo.

El caso de Dominga se ha vuelto emblemático en este sentido. Los seis años que ha tomado su tramitación -que incluso motivaron la polémica renuncia del equipo económico del gobierno anterior- deberían ser suficientes para graficar lo trabado del sistema de calificación ambiental y alertar sobre la necesidad de hacer cambios urgentes -de modo que permitan acotar el tiempo en que habrá un pronunciamiento favorable o adverso al proyecto-, pero al igual que lo experimentado por otras iniciativas de inversión, su caso podría servir solo para engrosar un listado de proyectos fallidos, si al final sus titulares desisten de seguir adelante.

El último episodio de Dominga lo escribió días atrás la Corte Suprema. En un fallo que abrió esperanzas tanto a los titulares como a los detractores del proyecto, el máximo tribunal dictaminó que el rechazo por parte del Consejo de Evaluación Regional de Coquimbo, así como del Comité de Ministros -ambos ocurridos durante la administración pasada-, estuvieron dentro de la legalidad. Pero además, el máximo tribunal devolvió el caso al Tribunal Ambiental -no sin antes reprochar duramente su actuar-, el que ya había revertido el rechazo de las instancias antes mencionadas, para que en esta nueva oportunidad se pronuncie sobre el fondo de la causa y evalúe los aspectos técnicos, instrucción que algunas voces han cuestionado porque excedería el rol de los tribunales ambientales.

Este contrasentido permanente entre las distintas autoridades que han participado en la evaluación de este proyecto -que suma la recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental, los ya mencionados rechazos en el ámbito regional y en el Comité de Ministros, la respuesta favorable del Tribunal Ambiental y ahora el fallo de la Suprema- revela un problema de fondo. O bien el sistema de evaluación ambiental tiene problemas profundos de diseño o bien las instituciones encargadas de calificar un proyecto se están dejando influenciar por variables exógenas a los temas ambientales, materializando decisiones donde la discrecionalidad nubla los aspectos de fondo. Sería lamentable que aspectos de nula incidencia en el impacto ambiental del proyecto Dominga -como sus propietarios actuales o pasados- terminen incidiendo positiva o negativamente en definiciones que deben estar circunscritas solo al ámbito medioambiental.

Es una demanda creciente de la ciudadanía buscar un sano equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La política pública debe garantizar, entonces, que ese balance será respetado no solo por los inversionistas, sino también por las autoridades que participen en la evaluación de los proyectos.

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