Por Magdalena Aninat y Magdalena Alcaíno, Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez
Hace justo una década, Chile dio un impulso a la sociedad civil con la Ley 20.500 de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, impulsada por el Presidente Ricardo Lagos, continuada por la Presidenta Michelle Bachelet y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. Una política de Estado, donde por primera vez se regulaba y facilitaba la creación de organizaciones de “interés público” por parte de los ciudadanos organizados. Fue un importante paso que aumentó significativamente el número de entidades de la sociedad civil, que hoy suman 319 mil.
Sin embargo, esa ley no vino acompañada de políticas públicas que aborden la sostenibilidad financiera de este tipo de organizaciones que contribuyen a elevar temas públicos, aportan en servicios sociales y atienden a comunidades rezagadas, complementando la labor del Estado. Está pendiente una reforma a las subvenciones públicas y la modernización del sistema de donaciones. El año pasado, muchas organizaciones de la sociedad civil, así como un grupo de 16 centros de estudios convocados por el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la UAI, propusieron activamente caminos para ampliar el sistema de donaciones, haciendo el sistema más simple y transparente.
Hace pocos días, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley sobre donaciones presentado por el gobierno, donde se recogen muchas propuestas presentadas por la sociedad civil. Es un proyecto que establece una base general para la filantropía, con una amplia lista de fines, incluyendo por primera vez el medioambiente, convoca a un vasto espectro de donantes y establece obligaciones de registro público, reportabilidad y transparencia para las organizaciones de “beneficio público” que quieran integrar el sistema.
El trabajo legislativo tendrá la oportunidad de mejorar el proyecto. Especialmente se requiere fortalecer la nueva secretaría técnica en su rol de registro y fiscalización, pero también en la promoción del buen uso del sistema, facilitando la participación de organizaciones de regiones. Asimismo, deben incorporarse mecanismos contra posibles arbitrariedades y agregar exigencias que regulen los conflictos de interés para evitar beneficios privados. También es deseable revisar el beneficio tributario a las personas naturales con una estructura de crédito que no sea regresiva. Quedará para un siguiente paso la necesidad de integrar el sistema en uno general, que reduzca la complejidad de mantener vigentes tantas leyes sobre el tema. Este es, sin duda, un primer paso que avanza en la tarea de impulsar una sociedad civil vigorosa y plural para nuestra democracia.
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