Dos décadas del Ministerio Público

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Foto: Agencia Uno.



A punto de cumplir dos décadas de lo que se denominó como la Reforma Procesal Penal y sus instituciones básicas -Ministerio Público, tribunales de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal-, los resultados del sistema arrojan un balance mixto, pues así como se lograron introducir mayores estándares de transparencia y garantías para las partes, en materia de condenas no parece exhibir cifras sustancialmente diferentes a las que se registraban en el antiguo sistema.

No cabe duda de que se ha tratado de una de las reformas estructurales de modernización del Estado más trascendentes, y acaso después de ella no habido otra de su magnitud. No solo se trató de un esfuerzo financiero, de estructura física, de capital humano gigantesco, sino también de dejar atrás un sistema procesal penal -quizás el más complejo de las áreas del derecho, pues se trata de la libertad de las personas-, sino también de dejar atrás un sistema lento, poco transparente, con graves denuncias de corrupción y escriturado, donde una sola persona concentraba la investigación, las garantías de los involucrados, la acusación y la sentencia. Al efecto, basta recordar que no era extraño encontrar procesos que duraban una década sin sentencia de término de primera instancia. Aquello es lo que fue sustituido.

Sin embargo, y en la lógica de mejorar y no de añorar un sistema impresentable, las últimas cifras de resolución de conflictos no son halagüeñas. Es así como las tasas de archivo en el sistema han superado el 52% durante el primer semestre de 2019 -muy distinta a la realidad que existía hace 10 años, con un 45%-, encaminándose a cerrar como el año de mayor causas archivadas desde que existe el sistema. Los resultados tampoco acompañan en materia de condenas, donde actualmente apenas el 13% de las causas concluyen en sentencias, fenómeno que ha venido acentuándose en los últimos años. Estas cifras crean frustración en las expectativas de la ciudadanía, que ve más lejana la posibilidad de conseguir justicia, lo que no ayuda a recuperar la confianza en las instituciones. Las públicas -y en algunos casos mediáticas- disputas que en el último tiempo han surgido entre los propios fiscales han provocado un natural desconcierto y en nada ayudan a mejorar la imagen del Ministerio Público.

A la luz de las consideraciones anteriores, se echa de menos una mejor explicación de los incumbentes a la hora de explicar estos retrocesos. Una buena oportunidad para hacerse cargo de esta realidad debería ser la conmemoración de este nuevo aniversario, donde cabría esperar que el fiscal nacional no recurra únicamente al expediente de solicitar más recursos; los gobiernos de distinto signo han sido generosos en otorgarlos, y para ello sirva como ejemplo el recientemente inaugurado edificio institucional, acaso la más moderna sede de un ente público.

Nadie puede pretender una solución total de lo que conoce el persecutor exclusivo, pero tras estas dos décadas lo razonable sería aspirar a que los estándares vayan mejorando y no cayendo en un estancamiento o, lo que sería peor, en un retroceso. El Ministerio Público debe hacer noticia por su gestión, no por el clima organizacional, ni menos por querellas internas.

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