Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
El traspaso de los colegios públicos al Estado desde los municipios es una de las reformas estructurales más complejas que el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet heredó a su sucesor. No solo por el costo financiero (que ha sido mayor al esperado), sino por el carácter kafkiano del desafío administrativo y legal del proceso de traspaso que hace que los árboles (o más bien, cerros de papeles) no dejen ver el bosque. Cada municipio es una caja de pandora en sí mismo, cada territorio tiene características diferentes, por lo que lo que funcionó en un lugar, puede no ser pertinente en otro. A lo anterior se suma que, si bien la ley fue aprobada con votos del actual oficialismo, siempre generó dudas y no concitó un apoyo proporcional a la dimensión de la tarea.
Pero el Ministerio de Educación actual demostró temprano su compromiso de implementar esta norma. El mejor ejemplo es una ley miscelánea que se tramitó a inicios de esta administración, justamente para proteger el proceso de desmunicipalización de actos de abierta corrupción y clientelismo en el que incurrieron ciertos municipios al inicio de la implementación, evitando así su repetición.
La Dirección de Educación Pública (DEP), que ha estado dedicada a la implementación, ha sido transparente en las dificultades que ha encontrado, pero ha mejorado progresivamente en base a la experiencia adquirida por sus equipos. Así lo han expresado los sucesivos informes del Comité de Evaluación de esta reforma.
En este contexto, el Mineduc anunció otro proyecto de ley enfocado a proteger el proceso. Su objetivo, según trascendió, es reforzar las atribuciones de la DEP, extender el rol de la Superintendencia sobre el proceso y ampliar el cronograma de implementación de la reforma, para llevarla a cabo con responsabilidad fiscal y de manera más pausada. Según el calendario original, correspondería implementar 15 nuevos servicios locales por año, en circunstancias que hasta el minuto se han implementado 11 servicios en cuatro años. Es claro que el cronograma original subestimó las dificultades que se encontrarían, y que la gradualidad permitirá racionalizar una reforma de dimensión nacional.
Lamentablemente, grupos de interés han salido a aprovechar esta contingencia para mejorar su situación, encontrando tristemente eco en los parlamentarios. La directiva del Colegio de Profesores se ha movilizado fuertemente contra los servicios locales, acusando despidos masivos. Por su parte, diputados opositores pretenden, mediante una moción, asegurar que los funcionarios municipales tengan preferencia en los concursos para proveer los cargos en los nuevos servicios locales.
Ambos ignoran los objetivos de la Nueva Educación Pública. La directiva gremial olvida que es fundamental que la educación pública cuente con una institucionalidad liviana que sea más efectiva y eficiente, para así enfocar los recursos en los niños, y no en los adultos. Asimismo, omiten que el proceso de desmunicipalización es también uno de modernización del Estado, y que los intereses electorales que llevan a diputados a proteger empleos municipales dando ventajas discriminatorias son contrarios a que sean los mejores quienes entren a trabajar en nuestra educación pública. Y en esto la ex Nueva Mayoría debe asumir su responsabilidad: cuando esta reforma se tramitó, era por todos conocido que habría despidos importantes de personal municipal. Pero en ese momento hicieron caso omiso del problema, solo para reflotarlo cuando les tocó ser oposición. La educación pública no está para esas pequeñeces.
Es de esperar que estas agendas no ensucien el propósito del Mineduc de proteger el proceso, en el que todos estamos interesados.
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