El código injusto del fútbol

ANFP



Por Juan Ignacio Brito, periodista

¿Es aceptable que un reglamento privado establezca disposiciones que sacrifican derechos constitucionalmente reconocidos, como la libertad de expresión y los derechos laborales? La respuesta debería ser un rotundo no. Sin embargo, el fútbol profesional, acostumbrado a vivir según sus propios “códigos”, está regido por normas que pasan por encima de algunos derechos de quienes lo practican.

Hace unos días, Matías Cano, arquero de Coquimbo Unido, criticó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Estima que su equipo ha sido perjudicado al tener que jugar ocho partidos en casi un mes, lo que lo pondría en inferioridad competitiva frente a otros que se han beneficiado por una calendarización menos exigente. Según informó la prensa, un miembro del directorio de la ANFP señaló que Cano será llevado al Tribunal de Disciplina, pues habría violado el Código de Penalidades y Procedimientos. Éste sanciona con dureza al que cometa “cualquier acto que pudiese provocar el descrédito, menoscabo o que pudiere afectar la transparencia de la actividad”. Los dirigentes de la ANFP y el Tribunal de Disciplina parecen interpretar esa disposición como una oportunidad para conculcar derechos que no pueden ser atropellados por nadie. En 2014 suspendieron al jugador Julio Barroso durante varias fechas por denunciar “cosas raras” en los arbitrajes.

La manera en que los dirigentes y el Tribunal de Disciplina utilizan el reglamento amordaza a los jugadores, quienes pueden salir severamente castigados si critican a la ANFP o su directorio. Pero la Constitución reconoce a todos la libertad de emitir opinión. Al sancionar a los deportistas por criticarla, la ANFP les niega el ejercicio de una libertad constitucionalmente protegida. Además, vulnera sus derechos laborales, pues les priva de jugar partidos, único mecanismo a su alcance para elevar su prestigio profesional y valoración.

Parece extraño que una actividad tan expuesta ante la opinión pública tenga disposiciones que vulneran de manera clara derechos básicos y que, de alguna forma, se asimilan a las tristemente célebres “leyes de desacato” de las que el país se deshizo hace tiempo. Los clubes afiliados a la ANFP, la prensa especializada y el sindicato de futbolistas no han desafiado con fuerza esta práctica injusta. De hecho, parecen temerla y acatarla, como quedó en evidencia esta semana luego de que Coquimbo Unido emitiera un comunicado en el que se excusaba por las palabras de Cano, y después de que Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, relativizara asimismo una crítica que formuló contra el trato que recibe su escuadra.

En lugar de aceptar lo que no debería, el fútbol haría bien en repudiar disposiciones irregulares que limitan injustamente los derechos inalienables de los que trabajan en la actividad.

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