El Congreso no debe resignarse a la irrelevancia

30 de Octubre del 2018/VALPARAISO Fotografias de la Fachada del Congreso Nacional de Valparaiso, tomada desce la punta del Molo. FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

La instalación de una convención constitucional en ningún caso puede implicar que el Congreso quede con un papel secundario. Cada cual tendrá roles distintos y ambos son fundamentales para el país.




Tras el apabullante resultado de la opción Apruebo en el reciente plebiscito, también fue manifiesto que el grueso de la ciudadanía optó por la convención constitucional (78%) como el órgano encargado de redactar la propuesta de una nueva Carta Fundamental, desechando la alternativa de la convención mixta, que habría estado integrada por ciudadanos elegidos y parlamentarios. El escaso 21% que logró esta última alternativa ha llevado a algunos a interpretar estos datos como una nueva confirmación de que el Congreso ha perdido cada vez más relevancia en las grandes decisiones, con escasa capacidad para representar el sentir de los ciudadanos.

El Congreso ya venía mostrando preocupantes señales de desprestigio. El estudio de Opinión del CEP de diciembre de 2019 mostraba que el nivel de confianza hacia los partidos políticos y el Parlamento apenas alcanzaba el 2% y 3%, respectivamente, con la menor valoración de todas las grandes instituciones del país. Ciertamente, estos indicadores resultan muy riesgosos para la salud de la democracia, pues ésta no podría entenderse sin colectividades robustas que canalicen las principales corrientes de opinión, como tampoco sin un Congreso con la suficiente entidad para procesar las distintas demandas de la sociedad, jerarquizarlas y traducirlas en leyes que miren el bien común.

Y aunque hay razones potentes para explicarse este desprestigio -allí ciertamente inciden el afán por privilegiar discusiones por cuotas de poder o desmedido protagonismo, muy desconectadas de los intereses de la ciudadanía, o por discusiones legislativas sin rigor analítico o abiertamente entregadas al populismo-, los abrumadores resultados del domingo pasado sugieren que más que entenderlo solo como un castigo a los políticos, en cambio deben leerse como un deseo de la ciudadanía por involucrarse directamente en la elaboración de la Constitución, tal que ésta represente mejor sus intereses.

Es un hecho que la instalación de una convención constitucional (CC) capturará las miradas y atención de todo el país, lo que inevitablemente le quitará visibilidad al Congreso. Existe el serio riesgo de que los propios parlamentarios agudicen esta percepción de irrelevancia del Poder Legislativo, renunciando a discutir aquellos temas trascendentes para el país -bajo el pretexto de que todo quedará condicionado al resultado de la constituyente-, o que los parlamentarios que eventualmente opten por emigrar a la convención sean reemplazados por militantes funcionales a los intereses de los partidos, que no necesariamente serán nombres de peso o con trayectoria.

No cabe consentir un escenario así. Los políticos, y desde luego los propios parlamentarios, deben actuar con suma responsabilidad para impedir que el Congreso quede sumido en un rol apenas decorativo y la confianza hacia dicha institución siga en el piso. Su papel seguirá siendo fundamental para el normal funcionamiento del país, y por tanto debe jugar el rol que le corresponde en toda democracia. Eso significa que debe procurar impulsar toda la legislación que el país requiera, sin renunciar a los grandes temas. El Congreso mantendrá intactas todas sus facultades, y no sería tolerable que apenas se resigne a la aprobación de leyes “secundarias” o de orden menor, porque eso sería traicionar el mandato que la propia Constitución y el pueblo le han delegado, además de afectar el normal funcionamiento del país.

En esto resulta fundamental entender que a partir de mayo del próximo año, cuando la convención inicie su tarea, será necesario procesar objetivos de largo y corto plazo. Aquellos de más largo aliento quedarán en manos de los constituyentes, y las tareas más inmediatas -que de ningún modo son secundarias- seguirán a cargo del Congreso. Cada parte debe entender el rol que estará llamado a desempeñar y no deben superponerse. Por ello, el Congreso deberá ser respetuoso del mandato de la convención, y ésta debe abocarse a su tarea de elaborar una nueva Carta Magna, sin pretender interferir con el quehacer parlamentario o cuestionar las políticas del gobierno.

En ese orden de cosas, las tareas que tiene por delante el Congreso son sustanciales. En sus manos está, sin ir más lejos, la elaboración de un nuevo sistema previsional -uno de los grandes anhelos de la ciudadanía-, y habrá de aunar enormes voluntades para sacar al país del estancamiento que se ha producido tras el 18/O y por los devastadores efectos que ha provocado la pandemia. Sin este necesario despegue no es descartable que el propio proceso constituyente pierda fuerza. En otras palabras, lo que se resuelva en el corto plazo tendrá directa incidencia en lo que ocurra en el largo plazo. Todo ello habla de que, lejos de la irrelevancia, el papel del Congreso en la etapa que viene será fundamental, y es tarea de la política asegurar que ello sea así.

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