El Congreso y sus conflictos de interés

Ha sido una mala señal que los senadores hayan recurrido a subterfugios como la “retroactividad” para colocar obstáculos al límite de las reelecciones.



No fue una buena la señal la que envió el Senado a la ciudadanía en la votación de la reforma constitucional que limita la reelección de senadores y diputados, además de otras autoridades. Pues si bien la Cámara Alta aprobó por 35 votos a favor dicha reforma, en cambio no se alcanzó el quórum para aprobar la norma transitoria que computa el actual período como base de cálculo para limitar a dos las reelecciones en el caso de diputados, y una en el caso de los senadores. Fue muy evidente que la mayoría de los actuales senadores que no podrían reelegirse se abstuvieron, sin distinción de colores políticos, dejando de manifiesto las dificultades que tiene nuestra política para lidiar con sus propios conflictos de interés.

Las razones que esgrimieron los senadores para rechazar poner límites a la reelección fueron variadas, pero en general se hizo hincapié en que con ello se trasgrede el derecho que tiene la ciudadanía a elegir libremente a sus representantes, y que tal disposición en ningún caso asegura una renovación de la política, existiendo formas más eficientes para ello. Mucho más compleja fue la argumentación para justificar la abstención o el voto en contra para incluir el actual período como parte del cómputo. Algunos hicieron ver que ello era una burda maniobra para desbancar por secretaría a parlamentarios en ejercicio, con buenas posibilidades de ser reelectos.

Pero lo que ha resultado más singular es haber pretendido escudarse en que esta parte de la reforma supone un cambio en las reglas del juego, estableciendo la “retroactividad”. Según dicho predicamento, al incluir el actual período como base del cómputo, se estaría violentando un principio jurídico fundamental, cual es que cualquier nueva norma debe regular hechos posteriores a su dictación. Hay una evidente equivocación en el uso de este concepto, pues la norma no afecta derechos adquiridos de ninguna especie, y mal podría hablarse entonces de una “retroactividad”. La regla constitucional vigente se limita a señalar que “los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos”, de lo que obviamente no emana un derecho a ser reelegido.

Si en definitiva la reforma queda en estos términos -ahora deberá ser zanjada en una comisión mixta-, se producirá un hecho aún más complejo, pues para escabullir que no hay derecho alguno afectado entonces se optaría por la fórmula de introducir una excepción solo para ciertos parlamentarios, lo que no hace sino profundizar la percepción de perpetuar privilegios o crear trajes a la medida.

El sentido de esta reforma ha sido generar una renovación en el Congreso, oxigenar la política y dar una señal ante la ciudadanía de que la política no puede seguir disfrutando de condiciones privilegiadas. Esa ha sido la promesa desde la convulsión social que se produjo en octubre pasado, pero lo que en cambio salta a la vista es la resistencia que ha existido para cumplir con dichos compromisos. La tortuosa tramitación de la norma que redujo la dieta parlamentaria -promulgada recién esta semana-, los escollos para limitar la reelección o la negativa a revisar las asignaciones parlamentarias revelan escasa voluntad para abordar seriamente estos conflictos de interés.

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