SEÑOR DIRECTOR
El proyecto de Ley que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU) enviado al Parlamento por el gobierno a fines del año pasado merece varias consideraciones, más allá del amplio consenso encontrado entre los parlamentarios y la ciudadanía.
Se discute la delimitación precisa del universo de beneficiarios, pues se plantea no usar el Registro Social de Hogares. Un nuevo sistema de focalización que considere los ingresos adicionales de los jubilados suscita muchas interrogantes y puede frustrar expectativas.
No se comprende la razón por la cual el gobierno postergó hasta tres meses de terminar su mandato para proponer la PGU. Si lo hubiera hecho antes habría beneficiado oportunamente a mucha gente que salió a protestar precisamente por sus bajas pensiones y habría permitido un debate más profundo y serio sobre su financiamiento.
Efectivamente, el centro de la discusión ha girado en torno al financiamiento del mayor gasto fiscal de la PGU. El Consejo Fiscal Autónomo formula algunos reparos y recomendaciones, sin perjuicio de valorar la iniciativa. El punto esencial es mantener el principio de que gastos permanentes se cubren con ingresos permanentes. El Consejo lamenta la ausencia de un estudio de proyección de los costos hasta el 2050 y rechaza la propuesta de reducir a la mitad el aporte mínimo obligatorio del Fisco al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). Recomienda que la modificación o eliminación de algunas exenciones tributarias sea simultánea con la entrada en vigor de la PGU.
El Parlamento debate el tema a poco de entrar en receso con el horizonte de terminar su mandato a comienzos de marzo. Es de esperar que lo haga seriamente (no presentando indicaciones inconstitucionales) y que el gobierno subsane a contra tiempo las objeciones serias sobre las fuentes de recursos para que la PGU no incremente el déficit fiscal y pueda ser un factor inflacionario sin sustentabilidad financiera sólida en el tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el gobierno de Boric ha comprometido una reforma tributaria y un cambio profundo al sistema de AFP.
José Antonio Viera-Gallo
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