El debate que abrió la masiva inversión de China

La anunciada venta de la Compañía General de Electricidad (CGE) a la empresa china State Grid, en aproximadamente US$ 3.000 millones, activó una discusión, incluso en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en torno a la creciente inversión de dicho país en Chile.

Una consideración ha sido el posible riesgo para la competencia en el sector eléctrico, derivado de la presencia muy relevante de un mismo inversionista extranjero en dicho sector. En el caso, la china State Grid, que ya desde el año pasado era dueña de Chilquinta, está bajo el control de Sasac -la supervisora y administradora de activos estatales del estado chino-, que también tiene intereses en Eletrans, Transemel y Pacific Hydro, lo que hace que un mismo controlador final, el Estado chino, tenga una presencia significativa en las áreas de generación, transmisión y distribución eléctrica del país. Como lo ha señalado la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ella incorpora en el análisis de los efectos de una inversión sobre la operatoria de un mercado todas las empresas y participaciones significativas de un mismo controlador que pudieren tener relevancia. De manera que, en el caso de la proyectada adquisición de CGE por parte de State Grid, la amplia presencia lograda por el controlador chino en el mercado eléctrico chileno va a ser considerada por la FNE. No cabe exigirle al organismo que considere los aspectos geopolíticos en su análisis, pues no es su rol, sino el análisis de los posibles efectos sobre la libre competencia.

La preocupación suscitada por la inversión de State Grid, sin embargo, va más allá de la metodología de regulación para proteger la libre competencia. Cualquier inversión extranjera puede involucrar problemas adicionales a los que surgen de la aplicación técnica de la regulación nacional a las empresas que operan en un sector, en la medida que en la relación entre estados se cruzan muchos intereses. Así, siempre está presente el riesgo de que la regulación de las empresas extranjeras llegue a dificultarse si se complejiza con la introducción de argumentos políticos o de otra índole en la relación comercial y de negocios.

En el caso de la inversión extranjera china, los riesgos son en principio relevantes, porque se trata de una economía de enorme tamaño y fortaleza, por la importancia del país como destino de exportaciones chilenas, por el alto grado de concentración de algunas exportaciones chilenas (minerales, frutas) en los mercados chinos, y por el mayor grado de coordinación de la acción de sus distintas empresas en la medida que el Estado chino participa fuertemente en la propiedad, planificación y coordinación de la actividad empresarial de su país.

La perspectiva geopolítica y estratégica debe ser desarrollada en torno a las grandes políticas del país en cualquier ámbito, incluido, pero no limitado, al de la inversión extranjera. Debería ser motivo de reflexión el que, como han señalado las mismas autoridades de la FNE, no haya una institución con el mandato específico de incorporar consideraciones estratégicas o de seguridad nacional a algunas decisiones estatales relevantes. Pero debe ser claro que la conveniencia del país está en no discriminar entre empresas nacionales y extranjeras, menos aún por nacionalidad, y que debe profundizar tanto su apertura comercial como a la inversión extranjera.

La viabilidad de una estrategia de apertura y no discriminación, en la que por cierto cabe un rol importante a una economía tan pujante como la china, depende de la fortaleza de las instituciones nacionales y multilaterales que permitan acotar cualquier problema al ámbito en que se genera. Robustecer nuestro sistema de reglas generales, impersonales y no discriminatorias debe ser entonces una tarea prioritaria y permanente.

Sin perjuicio de ello, parece pertinente que en paralelo se abra una discusión en el país sobre los alcances geopolíticos de la inversión extranjera, algo que por lo demás no resulta ajeno en el contexto internacional. Estados Unidos, por de pronto, ha reforzado recientemente -con aprobación del Congreso- las facultades para que el gobierno pueda frenar inversiones extranjeras que comprometan la seguridad interna. La Unión Europea también se ha dotado de nuevas directrices en este ámbito, donde entre otras variables se evaluará cuando el inversor extranjero esté controlado por el gobierno de un tercer país.

Chile bien puede analizar la conveniencia de establecer límites máximos no solo para la inversión extranjera en las distintas industrias, sino también por país. Con ello podría reducirse el riesgo de que existan concentraciones o coordinaciones que puedan llevar a que la regulación interna quede condicionada a intereses extranjeros.