El gobierno debe garantizar las elecciones del 11 de abril

La autoridad tiene que utilizar todas las herramientas disponibles para afrontar el actual alza de contagios y ofrecer así garantías a la ciudadanía para que pueda ir a votar de manera segura.


A medida que las cifras de contagios diarios aumentan y se acrecienta el temor a un colapso del sistema de salud -escenario agravado por la alta tasa de ausentismo en el sector tras más de un año de pandemia-, algunos han abierto el debate sobre la eventual postergación de las elecciones del 11 de abril. El primero en sugerirlo fue el exministro Jaime Mañalich, quien aseguró que “si la situación no mejora durante esta semana y se mantiene estable, y para qué decir si empeora, hay que abrir una conversación seria al respecto”. Poco después fue la presidenta del Colegio Médico quien se sumó al debate, asegurando que la decisión debería tomarse no más allá de dos semanas antes de los comicios, a la luz de la ocupación de las camas críticas. “Si el nivel supera el 95%, probablemente estemos frente a un contexto de confinamiento total”, sostuvo.

Pero pese a la entendible preocupación que el actual escenario genera, el gobierno debe hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar la realización de los comicios el 11 de abril, más aún, considerando el complejo calendario electoral que enfrenta el país en los meses que vienen. El actual panorama es muy distinto al de marzo del año pasado, cuando a esta misma fecha se decidió postergar para octubre el plebiscito fijado para el 26 de abril. En esa ocasión no sólo se desconocían los alcances que podía tener la pandemia -el primer caso a nivel mundial se había detectado menos de tres meses antes- sino que, además, el calendario electoral no estaba sobrecargado y se trataba de una votación de carácter plebiscitaria y no de una jornada donde se realizan cuatro elecciones paralelas y hay más de 1.500 candidatos en disputa, los cuales ya han agotado gran parte de sus recursos para la campaña.

A lo anterior se suma que durante el año están fijadas cinco fechas para la realización de un total de siete elecciones. La última es el 19 de diciembre, cuando está prevista la eventual segunda vuelta de la contienda presidencial. Una postergación de los comicios de abril obligaría a correr todo el calendario, pese al escaso margen que existe. Además, ello volvería a postergar la elección de alcaldes, prevista inicialmente para octubre del año pasado. Pero en este caso la situación sería aún más compleja, porque los alcaldes en ejercicio que van a la reelección ya renunciaron a sus cargos como establece la ley. Ello dejaría sólo dos opciones, modificar la norma para reinstalarlos en el puesto -dependiendo para cuándo se posterguen los comicios- o extender su ausencia. Alternativas ambas que terminarían alterando por ley la voluntad de la ciudadanía.

Cuando ha transcurrido más de un año desde el inicio de la pandemia, las autoridades de salud disponen de un caudal de información mucho mayor y más experiencia. En ese sentido, aplicar cuarentenas totales o parciales ha sido un mecanismo eficaz que debe seguir utilizándose en caso de ser necesario, más aún si contribuye a mejorar las condiciones sanitarias para el 11 de abril. No resulta prudente paralizar el proceso electoral considerando que el plebiscito de octubre demostró que es posible realizar una elección sin riesgos de un incremento en los casos. Hoy, además, hay distintas actividades comerciales que siguen funcionado, por lo que no hay razón para que no operen también las instancias de decisión ciudadana propias de una democracia.

Por ello, frente a la complejidad de ese escenario y la importancia de los comicios de abril próximo es clave que el gobierno dé todas las garantías de seguridad y aplique los protocolos sanitarios que se requieren para que la ciudadanía pueda concurrir a votar en forma tranquila. Uno de los puntos que algunos sectores han relevado es la posibilidad de una baja participación ante el temor a contagios. Para evitar ese riesgo y las eventuales aglomeraciones, el Ejecutivo y el Poder Legislativo aprobaron una norma para que la elección se realice en dos días. Esto debería asegurar una mayor holgura en las mesas, facilitando la distancia física. En nada contribuyen, en ese sentido, campañas que llaman a votar el domingo o instalan absurdas sospechas de fraude. Nuestro sistema electoral ha dado muestras más que suficientes de su confiabilidad a lo largo de los años.

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