Por Gabriel Zaliasnik, profesor de Derecho Penal, Fac. de Derecho U. de Chile
El escritor Kurt Vonnegut en su cuento Harrison Bergeron satiriza con una sociedad donde la mediocridad y la servidumbre de las personas son la norma. “Corría el año 2081, y por fin todos eran iguales. No solo eran iguales ante Dios y la ley: lo eran en todo sentido. Nadie era más elegante, ni de mejor aspecto, ni más vigoroso o más listo que los otros. Tal igualdad se debía a las Enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución…”. Para lograrlo la autoridad colocaba “impedimentos” a quienes pudieran sobresalir. Los más fuertes debían soportar pesos en sus espaldas, quienes destacaran por su belleza, usar máscaras, aquellos con mayor inteligencia portar un auricular con zumbidos que les impidieran pensar.
El cuento de ciencia ficción retrata de manera casi perfecta el retroceso en nuestras libertades. Comenzó de manera incipiente bajo la bandera de la igualdad, pero se precipitó con la excusa de la pandemia. Así, invocando la salud pública hemos avanzado adormecidos hacia la sociedad distópica que Vonnegut imaginaba. Es impresionante el catálogo de reglas sanitarias que empoderan a una burocracia variopinta para definir hasta el menor detalle de muestras vidas. No se trata solo de la imposición de cuarentenas que escasamente se respetan (la reducción de movilidad vial es casi equivalente a imponer una restricción vehicular de dos dígitos), sino de definir qué productos comprar, cuánto tiempo asistir a un funeral, o cuántas personas pueden participar de una ceremonia religiosa.
Se impone un cierre de fronteras que no solo limita el ingreso al país, sino que inconstitucionalmente también prohíbe nuestra salida. Se trata de un “impedimento” más que da cuenta de la circulación viral de un amargo resentimiento: ¿por qué unos pocos pueden dejar el país cuando el resto permanece sufriendo? Otro ejemplo es la franja deportiva “Elige vivir sano”. Ante esa pequeña brisa de libertad muchas personas salen a la calle. Se aglomeran ciclistas que se trasladan por todo Santiago, y junto a corredores y transeúntes repletan los parques. ¿No estamos capacitados como en otros países para decidir a qué hora hacer deportes? ¿Es necesario que un funcionario nos fije la hora?
En paralelo se emplean funas y bullying social para acallar el disenso e imponer una igualdad discursiva y lingüística. La policía del pensamiento se expresa incluso en la propia prensa donde algunos quieren detentar la supremacía moral y uniformar el debate.
Finalmente se usa el Código Penal para perseguir los quebrantamientos a las restricciones sanitarias, lo que ha hecho del delito una mera infracción de deberes para amparar estos caprichos irracionales. Peor aún, la Contraloría ha dictaminado que el personal de las seremis de Salud puede ingresar a recintos privados sin autorización ni orden judicial. Resulta difícil empatizar con este desenfreno totalitario que pone en riesgo nuestra libertad.
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