El odio al éxito

Costanera Center


Por César Barros, economista

Un nutrido grupo de políticos profesionales y algunos autodenominados intelectuales, con el objetivo de terminar con la desigualdad, propician un nuevo impuesto, esta vez al patrimonio, de quienes han tenido un especial éxito en Chile, incluso algunos son empresarios de clase mundial. De los firmantes, ninguno es un político de esa clase.

Las personas más ricas de Chile son en el 90% de los casos empresarios que partieron de cero. Muchos son inmigrantes -o hijos de inmigrantes- que llegaron a Chile “con lo puesto”, se dedicaron con garra, buen ojo y entusiasmo a hacer empresa. Esas empresas que partieron como Pymes, a medida que fueron creciendo, pagaron sus impuestos corporativos, y sus dueños, sus impuestos personales. Ahora se pretende que -en una segunda vuelta- vuelvan a pagar, por el solo hecho de haber tenido más éxito que otros.

El impuesto “al patrimonio” no es sencillo de determinar. Patrimonio es la resta de activos menos pasivos o deudas. Se conocen a veces los activos, pero usualmente no se deducen sus pasivos. Y el patrimonio resulta ser “un blanco móvil”. Hasta hace poco, los controladores de Latam y Enjoy eran de las familias más ricas de Chile. Y de un día para otro ya no lo son. Es el riesgo de ser empresario. Los más ricos a fines de los años 60 ya no lo son. La recesión del 83 borró a los más top de entonces. Y ésta que se nos viene, amenaza con ser otra vuelta a la rueda de la fortuna.

Por eso muy pocos países lo tienen, y recaudan cifras que no son relevantes. Y no arreglan, ni de cerca, su desigualdad; son un mero guiño retórico de los políticos. Porque lo que hace esta “riqueza” es el valor de las empresas, y no está radicada en personas naturales. Normalmente los “ricos y famosos” poseen -a través de otras empresas-, y en compañía de multitud de socios, una parte de empresas que han resultado exitosas. Y nadie sabe las deudas de esos holdings, y su verdadero patrimonio. Se pueden llevar amargas sorpresas los personajes que propician el dichoso impuesto; si fuera tan fácil, vean en qué fue a parar el bullado caso Cascadas (una “cascada” de holdings, dueños aguas abajo del 30% de SQM), cuyo personaje principal poseía de verdad solo una fracción más bien pequeña de SQM, y no tiene ni de cerca lo que Forbes le atribuye.

Todos -o casi todos- los firmantes de esa carta tuvieron la oportunidad de hacer empresas, y de haber triunfado partiendo de cero, pero eligieron ser políticos, pagados por un Estado benefactor para ellos (en Chile, a diferencia de Alemania y otros países OCDE, solo transferimos a las personas el 3% de lo recaudado; el resto va a la burocracia de la que forman parte los firmantes de la carta). Y no son muy generosos: veamos lo que cuesta privarlos de la reelección, cuando muchos alcaldes, diputados y senadores lo han sido de por vida. Para qué hablar de los dirigentes sindicales. Y esperemos con ansias ver dónde para el tema de las dietas y las asignaciones de los firmantes de la carta.

Este pretendido impuesto es la realización parcial del odio de la izquierda a los empresarios, expresada no solo en los rayados callejeros, sino en cada uno de sus discursos, con una soberbia moral que no se condice con su popularidad y prestigio. Por algo será.

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