El presupuesto 2021 de Educación

Por Sebastián Donoso Díaz y Daniel Reyes Araya del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la U. de Talca

Los impactos de la pandemia en la educación escolar y superior del país han sido de gran magnitud, y aún están parcialmente diagnosticados dada la situación que se vive. En el sector educación no estábamos preparados para asumir una tarea de esta complejidad y magnitud. La escuela virtual ha aumentado la desigualdad social, estimativamente al menos el 20% de la población escolar no ha participado sistemáticamente de actividades educativas. Gran parte de los estudiantes son altamente vulnerables, nuestra infraestructura y equipamiento escolar son inadecuados hoy para enfrentar las estrategias formativas presenciales en los recintos escolares sin incurrir en costos sustantivos para mantener las condiciones de sanidad requeridas.

Ciertamente sobre lo ocurrido en estos meses se puede decir mucho más, pero lo que se busca es ilustrar algunos impactos cuya solución no se alcanzará el año 2021, sino que requiere de una propuesta de mediano plazo, con medidas claras de política educacional que apunten a los núcleos estratégicos claves, fortalezcan algunos avances realizados por los establecimientos en materia de autonomía de su gestión, y a la vez reduzcan las enormes tensiones que ha implicado e implicará mitigar algunos de sus efectos más profundos, en un escenario país más complejo, producto del empobrecimiento de mucha de su población que ha perdido sus fuentes de ingreso, deteriorando significativamente su calidad de vida.

El presupuesto público de educación es un instrumento clave de política, en este caso educacional, y se espera que sea una carta de navegación pertinente y oportuna. Como tal, es fundamental trabajar con un horizonte de mediano plazo, donde se inserte la propuesta presupuestaria aprobada por el parlamento en una visión que no implique un ejercicio anual descontextualizado, sino basado en un plan estratégico de mayor alcance.

Podríamos tener consensuado en grado importante con los actores sectoriales fundamentales - sostenedores públicos y privados, gremio docente y de funcionarios del sector, autoridades el Mineduc, y estudiantes y apoderados- al menos una prospección contextual, que aborde un par de escenarios posibles de operación que nos permitan avanzar en ese objetivo bajo diversas situaciones. Con menor improvisación en las tareas de recuperar a los estudiantes y reintegrar al sistema a los que no han estado. En línea con ello, podríamos definir con un horizonte no menor de un par de años, la suspensión de las pruebas SIMCE y de la evaluación docente hasta que el sistema esté en régimen (normalidad post crisis), además como una medida para concentrar esfuerzos en las tareas de reconstrucción de los aprendizajes esenciales y reducción de las tensiones intra y extrasistema educativo.

En línea con lo señalado, una urgencia macro es determinar si el Presupuesto 2021 responde al diagnóstico de la situación generada el 2020. Una visión aún muy inicial muestra que su crecimiento es casi cero, es decir muy similar al del año 2020. Por cierto, se podría pensar que en este escenario de restricciones ello es meritorio, aunque ciertamente no suficiente ante la magnitud de las tareas que debemos asumir, y esencialmente depende de cuál sea la estrategia elegida para “recuperar el sistema educacional” de la crisis que le aqueja. Es decir, la consistencia y pertinencia del presupuesto con la tarea que debemos acometer en plazos razonables.

La principal partida presupuestaria anual del Ministerio de Educación, casi el 50% del presupuesto total, la conforman los recursos destinados a las diversas subvenciones escolares. Por lo tanto, analizar qué ocurre en esta materia es fundamental para entender las prioridades fijadas para el año 2021. En términos generales, las cifras muestran que esta partida se reduce un 1%. Un valor menor, pero en recursos financieros muy relevantes pues son los aportes dirigidos a sostener el funcionamiento de las escuelas.

Por cierto, éstas deberán afrontar en 2021 tareas pedagógicas mucho más complejas, si tenemos que asegurar el funcionamiento operacional de recintos escolares con costos superiores por los temas de habilitación de espacios educativos y sanitización constante, si debemos proveer de mayor conectividad y equipamiento a las escuelas, sus docentes y estudiantes, necesitamos de mayores recursos que la sola redistribución presupuestaria no garantiza como suficientes.

Complementariamente la Subvención Escolar Preferencial (SEP) reduce en 0,8% su monto total, en circunstancias que todos los indicadores hablan de un enorme impacto en el desempleo y una lenta recuperación de éste en los años venideros afectando con fuerza a las familias, por lo mismo necesitaremos atender a más estudiantes vulnerables y no menos. Cuesta entender estas cifras expuestas, en el marco de la crisis que debemos enfrentar y donde la educación debiera ser una herramienta clave en la solución de ésta.

Adicionalmente los recursos destinados a la nueva educación pública crecen, pero hay que tener en cuenta dos cosas: que estos recursos son para la instalación y operación de los equipos técnicos y no para el funcionamiento de las escuelas, y si bien, en segundo lugar, liberan algunos recursos que antes se destinaban a gestión de aquellos DAEM, en ningún caso compensan la reducción de casi el 1% de las partidas más impactantes en el presupuesto 2021.

En otro ámbito, el aporte presupuestario a la Educación Superior es diferente del escenario descrito. Si bien hay que tener en cuenta que producto de la gratuidad este nivel incrementó significativamente sus recursos, siendo la segunda partida de mayor relevancia ministerial, pese a lo cual -comparativamente respecto de otros países OCDE- estos recursos son aún muy insuficientes. Lo que la gratuidad ha hecho es, principalmente, reemplazar el aporte que hacían las familias por aportes públicos, pero en términos generales su incremento total ha sido menor.

Las principales partidas de la educación superior experimentan incrementos importantes, excepto el ítem Becas de Educación Superior que decrece un 18%. Cómo también los recursos a las UES Públicas y del Cruch, que lo hacen en un 2%. La gratuidad se incrementa 9% a nivel de la educación superior universitaria y 7% a nivel de la educación técnica superior (IP y CFT).

Hay dos cuestiones importantes que apuntar, por una parte, a las universidades del Cruch se les reduce su crecimiento a valores menores que el IPC, y segundo la gratuidad es -principalmente- un traspaso a agentes privados de recursos públicos, dado que la mayor parte de la matrícula universitaria es privada. Por lo mismo, sería interesante preguntarse si era prioritario realizar estos movimientos y más aún, cuando las partidas más relevantes de apoyo al sistema escolar, que sin lugar a duda atiende la población más vulnerable, no recibe el apoyo requerido para operar en esta post crisis, al menos en cifras macro.