El trascendental reto que enfrenta la Convención Constitucional

Momento en que representantes de los pueblos originarios increpan a la mesa directiva de la Convención.

La Convención vive sus días más difíciles, con el escándalo de Rojas Vade y la resistencia de los pueblos originarios al quórum de 2/3. De cómo logre resolver estos casos dependerá en buena medida su credibilidad y la solvencia del proceso constituyente.




No parece desproporcionado concluir que la Convención Constitucional enfrenta por estos días los mayores desafíos en lo que va de su existencia, pues de manera inesperada -y con premura, para lograr un control de daños- deberá zanjar el destino del convencional Rodrigo Rojas, representante de la Lista del Pueblo, luego de haberse descubierto que mintió acerca de su situación de salud, algo que lo deja en un complejo pie para ejercer su cargo. También será necesario lidiar con el abierto desafío que han puesto los convencionales de los pueblos originarios, quienes de manera temeraria hicieron saber esta semana a la mesa que no pretenden aceptar que la regla de quórum de dos tercios se aplique a los reglamentos que tienen que ver con dichos pueblos. Si dicha postura termina prevaleciendo, es fácil advertir que se abre la puerta para que esta regla se relativice una vez que se inicie la discusión propiamente constitucional, alejándose del propósito de tener una Constitución ampliamente consensuada.

Si bien en estos dos meses de existencia la Convención ha debido enfrentar múltiples controversias, ninguno de los casos ha tenido el potencial de poner en jaque el prestigio y la solvencia de esta instancia, tal como sucede ahora. Por ello la atención estará puesta en la forma como se logren resolver estas materias, tal de que no se afecte la credibilidad de la Convención ni se generen dudas sobre el éxito del proceso constituyente. Para ello será fundamental que las soluciones discurran por cauces institucionales, respetando la legalidad vigente así como las reglas que fueron fijadas por el Congreso para habilitar el cambio de la Carta Fundamental. Si ello se logra, se habrá instalado un valioso precedente, porque indicaría que la Convención cuenta con la capacidad para procesar y resolver las diferencias en forma institucionalizada, aun a pesar de carecer todavía de reglamentos oficiales para tratar casos como estos.

Las primeras señales que la mesa dio en relación con el caso Rojas Vade fueron confusas y algo erráticas. Por de pronto, la presidenta de la Convención se mostró inicialmente comprensiva de la situación, desestimando que a Rojas se le pudiera exigir la renuncia -por no estar contemplado en la Constitución-, y que el caso es de su exclusiva responsabilidad, no de la Convención. El vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, fue en cambio más categórico, y señaló que no habría “defensas corporativas”, añadiendo que si lo realmente importante en el Estado de derecho es que las instituciones funcionen, “entonces dejemos que funcionen, que se aclaren las responsabilidades que pueda haber en este caso”, dejando entrever las primeras diferencias tanto con el estilo comunicacional de Loncon, como en la forma de abordar esta crisis.

Resultó decidor, sin embargo, que varios convencionales y agrupaciones al interior de la Convención -tal es el caso del Frente Amplio, en que condenó duramente las mentiras de Rojas, y alertó por el daño en la fe pública- tomaran distancia de lo sucedido y coincidieran en que lo mejor sería que Rojas dejara la Convención. La mesa, a su vez, decidió denunciar el caso ante el Ministerio Público para la indagación de eventuales delitos, lo que ha sido decisivo porque con ello, además de darle un cauce institucional, hay una voluntad manifiesta de no consentir la impunidad cuando se ha dañado la fe pública.

Aunque con dificultades, la Convención parece haber logrado articularse institucionalmente para enfrentar esta primera fase del caso Rojas, lo que transmite una buena señal. Escapa a las facultades de la mesa y la Convención exigir la renuncia de Rojas, pero deben asegurarse de que las instancias internas efectivamente hagan valer las máximas sanciones éticas una vez que estén en aplicación, sin perjuicio de que el Congreso -como lo han planteado algunas voces- explore una reforma en que contemple la posibilidad expresa de que los convencionales puedan renunciar.

En paralelo, la mesa enfrenta el reto de hacerse cargo de la dura interpelación de que ha sido objeto por parte de los pueblos originarios, los que objetan la propuesta que hizo llegar al pleno respecto de las normas de votación para la propuesta de Participación y Consulta Indígena -con miras a la dictación de los reglamentos definitivos-, estimando que deben ser aprobadas por un quórum de dos tercios. Los convencionales indígenas, en cambio, argumentan que ello debería ser solo por mayoría simple, entre otras razones porque ven los dos tercios como una imposición que impide su autodeterminación. Algunos de ellos incluso pusieron en entredicho el liderazgo de Loncon como presidenta, así como el rol de la mesa directiva. Producto de la trifulca y las recriminaciones a viva voz hacia la mesa, el jueves fue necesario suspender la sesión de votación, postergándose para la próxima semana.

Es claro que este hecho no es meramente episódico. Si no logra manejarse con habilidad, puede llevar a que se produzcan las primeras fracturas internas -el propio Bassa alertó que este tipo de hechos ponen en riesgo la legitimidad del proceso constituyente-, pero, por cierto, la gran incógnita que resta por despejar es si se mantendrá como eje central la norma de votación de dos tercios, o si ésta, resultado de las presiones, comenzará a perforarse. Si la mesa o los convencionales terminan cediendo, no solo se quebrará el principio de que no deben existir grupos privilegiados así como la imparcialidad que debe caracterizar al proceso constituyente, sino que además se vulnerarían las reglas expresas del proceso, que hacen mandatorio un quórum de dos tercios para aprobar el reglamento de votación. Será entonces otra prueba de fuego para el futuro de la Convención.

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