Elección de gobernadores regionales: un desafío impostergable

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Diversos estudios nacionales e internacionales concuerdan en que Chile no será un país desarrollado si no se descentraliza, fundamentalmente porque los procesos de concentración demográficos, económicos y políticos que son resultado de un modelo de Estado unitario, centralista y presidencialista desde hace más de un siglo, han generado importantes brechas de inequidad urbana y territorial entre y al interior de las regiones. Por tal motivo, hoy más que nunca, existe la urgencia de avanzar en una descentralización política y administrativa, sin perjuicio de lo beneficioso que implicaría también algún avance en materia de descentralización fiscal.

Así entonces, la posibilidad de que los habitantes de las regiones puedan elegir a su máxima autoridad en las próximas elecciones municipales de octubre de este año, como lo establece la Ley 21.074 publicada en febrero del año 2018, constituye un avance sustantivo en el proceso de descentralización y fortalecimiento de la regionalización en el país. No obstante, se reconoce que existen algunas complejidades a resolver: la convivencia política entre esta autoridad electa y el delegado/a presidencial; el traspaso de competencias desde el nivel central al regional; y la relación jerárquica con autoridades municipales en las áreas metropolitanas.

Adicionalmente, el atraso en la promulgación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y no disponer de un reglamento para legitimar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) como instrumento vital para fortalecer las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD), así como la necesidad de tener un reglamento para el reconocimiento de las áreas metropolitanas, sin duda hoy no contribuyen tampoco a lograr empoderar y facilitar el desafío que tienen los gobernadores regionales una vez elegidos.

Conforme estos antecedentes y el aparente cambio de escenario en las prioridades legislativas que supone el estadillo social a partir del 18 de octubre, que se ha tomado la agenda pública, han surgido opiniones en favor de la necesidad de postergar la elección de los Gobernadores Regionales, apelando a que no existen -al parecer- las condiciones para avanzar en este proceso de descentralización y fortalecimiento de la regionalización en la actualidad y en razón de la urgencia de lo plazos. Sin embargo, frente a la falta de confianza que se tiene transversalmente a los representantes de la clase política, la crisis institucional que vive el Estado y el Gobierno actual y, además, una ciudadanía activa que reclama participación y mayor democracia, elegir Gobernadores Regionales se presenta como una gran oportunidad para legitimar nuevos liderazgos y acercar la tarea del Estado a la ciudadanía en regiones.

Los ajustes legislativos, técnicos y administrativos que se requieren para que los Gobernadores pueden asumir en propiedad sus funciones en marzo del año 2021, solo requieren de voluntad política y no de un cálculo electoral. Y, por otro lado, apostando a que la mayoría ciudadana en abril próximo se pronunciará mayoritariamente por una nueva Constitución, bajo cualquiera de las dos fórmulas de representatividad de los constituyentes, será más legítimo y apropiado que nuestro país esté bajo la conducción en su territorio por liderazgos no solo comunales, sino regionales, no designados y legitimados por los votos.

La figura de una autoridad designada por el Presidente de la República que debe por norma alinear preferentemente sus decisiones con el poder central y no con la región, se ha acrecentado a partir del estallido social. Desde este punto de vista, el rol de garante de la seguridad y del orden público, resulta conveniente que mejor sea ejercido por la figura del Delegado Presidencial y no por el Gobernador Regional, siendo este último quien lidere y articule las tareas propias del desarrollo regional, garantizando los procesos de participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas en coordinación con los municipios y los servicios públicos desconcentrados.

Hoy, más que nunca, los representantes de la clase política que detentan poder para decidir sobre estas materias, tienen la oportunidad de posibilitar no solo que se cumpla la palabra empeñada de que habrá elección de Gobernadores este año, sino también de impulsar modificaciones legislativas mínimas que garanticen que los Gobernadores Regionales ejerzan su tarea en propiedad. El nuevo escenario político-social que enfrenta el país no constituye un impedimento para ello, por el contrario, es una razón más para avanzar en la descentralización y regionalización del país, al mismo tiempo que se fortalece nuestra democracia.

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