Equilibrios en proyecto sobre fraude con tarjetas

En Chile solo el 40% de las transacciones se realizan con medios de pago electrónicos, aunque su uso ha ido creciendo en el tiempo de la mano del desarrollo del mercado financiero. Éste, yendo más allá de su rol intermediador natural, ha masificado el acceso a una gran cantidad de instrumentos, lo que ha permitido el mayor salto de inclusión financiera de la región. Por esta razón, el proyecto que asigna la responsabilidad ante fraude a los emisores financieros -actualmente en comisión mixta, última etapa de discusión legislativa-, es de gran importancia.

La iniciativa busca resolver el supuesto desequilibrio actual, donde los usuarios que son víctimas de fraude deben probar su debida diligencia ante los emisores, quienes resuelven actuando como juez y parte. Sin embargo, el texto en proceso de revisión en la comisión mixta tiene flancos abiertos que pueden tener efectos perjudiciales en el mercado financiero, entre los que se encuentran un aumento del riesgo moral, incentivos al autofraude y un mayor riesgo sistémico, tal como ha advertido el Banco Central.

La comisión mixta, privilegiando un debate técnico y colaborativo, está impulsando una serie de propuestas las que, manteniendo el foco original del proyecto de ley, introducen elementos mitigadores a los efectos indeseados del texto actual. Una de estas medidas busca agilizar el reembolso a los usuarios ante fraudes de hasta UF 10 (alrededor de $ 279 mil), y en el caso de montos superiores dar más tiempo a los emisores para efectuar la investigación. Además, se acota el plazo a 90 días para desconocer transacciones pasadas.

Otra propuesta que surgió recientemente en la discusión legislativa -y que recoge la recomendación que ha hecho el delegado presidencial en materia de ciberseguridad- es la de permitir a los emisores bloquear temporalmente las tarjetas que permanezcan inactivas por más de 12 meses previo aviso al usuario. Con esta medida se busca evitar que la escasa supervisión que tienen productos financieros sin uso termine por hacerlos vulnerables a nuevos ciberataques masivos.

Finalmente, la comisión está evaluando establecer criterios de reclamación en función del tipo de producto financiero que es sujeto de fraude, distinguiendo aquellos que tienen efectos directos sobre la liquidez de los usuarios de los que solo implican un pasivo contable (tarjetas de crédito).

Más allá de las necesarias correcciones que necesita el texto en discusión, es imprescindible que la legislación encuentre un sano equilibrio que permita, por un lado, crear incentivos a los emisores para invertir en ciberseguridad -ello resulta en un beneficio directo para la población, facilitando el proceso de bancarización- , pero que evite regulaciones tan costosas que terminen desplazando a personas de segmentos más bajos fuera del mercado financiero formal; dicho equilibrio aún no parece haberse alcanzado, lo que exige un mayor esfuerzo legislativo. Lo ocurrido con la Tasa Máxima Convencional es ilustrativo de regulaciones que buscando beneficiar a los consumidores, terminan perjudicándolos, ya que según cifras oficiales unas 270 mil personas han abandonado el mercado formal, quedando expuestas al descampado regulatorio.