Equívocas nociones en discusión previsional

La preocupación por la informalidad ha llevado a analistas nacionales (CEP, Cieplan, PUC) e internacionales (BID, Banco Mundial, OCDE) a promover pensiones básicas universales garantizadas por el Estado, junto a sistemas de capitalización individual libres de impuestos y mecanismos de ahorro voluntario, para volver a sistemas capaces de otorgar buenas pensiones, mientras se resguarda la solvencia fiscal. Lamentablemente, en sede política parece haber escasa disposición para debatir este tipo de propuestas, y en cambio prevalecen fórmulas que desconocen un entendimiento realista de cómo funciona el mercado laboral para acometer una reforma.

En la actual discusión previsional no hay mayor desacuerdo en que, para trabajadores de muy bajo nivel de ingresos, el Estado subsidie las pensiones de vejez con recursos generales de la Nación; mientras que, para trabajadores de rentas elevadas, debería bastar el ahorro obligatorio acumulado en cuentas de capitalización individual y el ahorro voluntario.

La diferencia está en cómo se financian subsidios permanentes a trabajadores de niveles medios y, lo que da urgencia al tema, cómo se financia en lo inmediato el mejoramiento de las pensiones de los ya jubilados de esa clase media que, por falta de ahorros acumulados durante su vida activa, se encuentran en situación desmedrada. Quienes quieren introducir elementos de “reparto” en el sistema previsional estiman que los impuestos al trabajo son lo adecuado para financiar los actuales déficits de pensiones y los subsidios permanentes a sectores de ingresos medios. Eso es lo que hay tras la propuesta de aumentar cotizaciones para destinarlas a un fondo común que mejoraría las pensiones de quienes -hoy o en el futuro- hayan quedado en situación desmejorada.

Quienes se oponen a los impuestos al trabajo, en cambio, enfatizan su efecto negativo sobre el grado de formalidad en el mercado laboral, sobre la sostenibilidad financiera del sistema previsional y sobre la solvencia fiscal.

Tras la actual tasa total de cotizaciones (para pensiones, salud, invalidez y sobrevivencia, accidentes del Trabajo, costo de la AFP, seguro de cesantía) en torno a 24% de la remuneración imponible, ha existido la percepción de “impuestos al trabajo”: por desinformación, porque la informalidad no elimina el acceso a salud ni las expectativas de alguna pensión, porque se ha dicho que los fondos individuales fueron sustraídos por las AFP, etc. No es claro hasta donde esta percepción explica la alta tasa de informalidad laboral en el país (30%) y la baja frecuencia de cotizaciones previsionales en los afiliados al actual sistema. Sí es claro que incrementar en 6% las cotizaciones (lo que llevaría el “costo” de la formalidad al 30% de las remuneraciones imponibles) para mejorar pensiones de terceros, algo que en los hechos supone un evidente mayor impuesto al trabajo, agravaría la informalidad. Si la oferta de trabajo al sistema formal es altamente sensible a los impuestos aplicados, esas nuevas cotizaciones determinarán más migración de trabajadores a la informalidad, más “lagunas” previsionales, peores pensiones financiadas con aportes propios y “reparto” para la clase media. Exactamente lo que querrían evitar quienes las promueven.