Errática señal contra el vandalismo

La propuesta de un indulto para quienes protagonizaron hechos delictuales en el marco del estallido social es un retroceso para los esfuerzos de aislar y condenar la violencia.



Un grupo de parlamentarios de Convergencia Social -partido que forma parte del Frente Amplio- busca promover una amnistía a todos quienes se encuentren en prisión preventiva o condenados por hechos de violencia cometidos en el marco del estallido social. Otras voces independientes también han apoyado una iniciativa de esta naturaleza, particularmente en el caso de la llamada “primera línea”, bajo la justificación de que cabría distinguir si dichas personas actuaron por mero vandalismo, o si lo hicieron en respuesta de una agresión policial.

Una propuesta de esta naturaleza representa una señal muy contradictoria con los esfuerzos en que ha estado embarcado el país para aislar y condenar los hechos de violencia acontecidos luego del 18/O del año pasado. Después de mucho tiempo de vacilaciones y reticencia de algunos sectores políticos -así como de otros estamentos de la sociedad- por condenar sin ambigüedades la violencia, solo recientemente parece estar asentándose el indispensable distingo entre las movilizaciones pacíficas -que son parte consustancial de cualquier democracia- de aquellas en que impera el vandalismo, los saqueos y la destrucción irracional.

Este flagelo no ha logrado ser derrotado aún -muestras de este vandalismo se han producido recientemente- y de hecho su erradicación forma parte de los compromisos adoptados en el marco del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Hay coincidencia en cuanto a que en un ambiente de violencia un debate constitucional serio y en profundidad se torna muy difícil de sobrellevar, y tras el reciente plebiscito parece haberse expresado una señal contundente de que la mayoría optó por vías pacíficas para zanjar las diferencias, aislando a estos grupos minoritarios.

De allí que esta señal que se ha dado en orden a promover un indulto general es muy contradictoria con estos objetivos y desde luego supondría una grave relativización de hechos que bajo cualquier prisma constituyen delitos. Quienes purgan prisión preventiva o han sido condenados lo están por investigaciones independientes que realiza el Ministerio Público, bajo tutela de los tribunales de justicia. No se trata entonces de decisiones caprichosas ni discrecionales, y por lo tanto su resolución debe quedar entregada a lo que se resuelva en las instancias judiciales.

Las más de cinco mil personas que han sido formalizadas por el Ministerio Público por delitos cometidos en el contexto del estallido social dan cuenta de las dimensiones que alcanzó esta violencia, y que incluye desde la quema de estaciones de Metro, hasta saqueos, incendios, o porte de artefactos incendiarios, entre otros delitos. Muchos de estos hechos siguen sin responsables, por lo que un indulto general no haría sino consagrar una impunidad que dejaría a quienes padecieron los efectos de esta destrucción sin un elemental derecho a la justicia, con el agravante de que no hay ninguna garantía de que se situaciones así se repitan. Por lo demás, un indulto como el que se ha planteado también podría llevar a relativizar otros hechos de violencia, como los que acontecen en La Araucanía, lo que contraviene principios elementales del estado de derecho. Por ello es acertado que el gobierno haya cerrado la puerta a este tipo de iniciativas.

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