Es la política



Por Rolf Lüders, economista

La violencia desatada en La Araucanía pareciera ser un fenómeno de larga data que se está agravando aceleradamente. Tanto así que pone en evidencia nuestra actual dificultad para resolver políticamente los conflictos sociales, pero también aquella del Estado para mantener el orden frente a minorías atropelladoras, sino terroristas. 

Es posible ilustrar los efectos de ambas dificultades sobre el bienestar ciudadano en base a unos pocos datos de La Araucanía. En efecto, esta última región es aquella del país con el menor PIB por persona (con solo un 35 por ciento del promedio de Chile), con el menor nivel de desarrollo humano (con un 90 por ciento de aquél del país), y con la mayor desigualdad (un coeficiente Gini de 0,5 versus el nacional de 0,47). Es difícil ignorar el grave daño causado por la conflictividad en la región y que un efecto similar lo puede sufrir el resto del país, si es que no supera el actual clima de confrontación.

Nuestra situación es especialmente delicada por las condiciones económicas que estamos enfrentando, que exacerba los conflictos latentes. Tengo la impresión de que la mayor parte de los chilenos aún no aprecia plenamente el estado económico-social de Chile. No lo aprecia debido a que -por la pasada responsabilidad fiscal- el país acumuló importantes reservas y todavía se puede endeudar a bajo costo. Esto le ha permitido al gobierno compensar a las personas de ingresos bajos y medios por una parte significativa de los ingresos perdidos a causa del virus Covid-19. En efecto, muchos ciudadanos y no pocos líderes políticos parecen actuar como si estos recursos pudiesen estar disponibles para siempre. Obviamente eso no es así y sin embargo es un hecho que mientras mayor sea el crecimiento económico, menor será la restricción presupuestaria nacional.

Pues bien, una condición necesaria para una alta tasa de crecimiento económico es la estabilidad de -y el irrestricto respeto a- las instituciones. Esa condición se da bajo democracias representativas, que se caracterizan por resolver sus diferencias mediante el diálogo y la búsqueda de compromisos. Desafortunadamente en Chile estas características se han debilitado en forma muy significativa.

El principal reto institucional que confrontamos es entonces político. ¿Cómo evitar la fragmentación partidaria y junto con ello la polarización política? ¿Cómo terminar con la violencia? ¿Cómo ampliar significativamente la base de los partidos políticos, de modo de fortalecer nuestra democracia representativa, restaurar el peso de las preferencias de la clase media, y evitar el populismo? ¿Cómo conseguir que se legisle para el bien común, en vez de mezquinos intereses electorales? ¿Cómo evitar que se destruya lo hecho y lograr que se construya -sobre ese pilar- un futuro mejor?  

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