Por Víctor Barrueto, director de la Fundación Por la Democracia
Necesario, sí. Viable, veremos.
La intuición diría que, así como el Acuerdo Nacional por la Paz y una Nueva Constitución fue producto directo del “estallido” social, un nuevo Pacto Social debiera ser el resultado natural de la actual pandemia y sus consecuencias.
La idea de un pacto social surgió inicialmente como otra respuesta al estallido, pero hoy sería más necesario aun para enfrentar lo que viene. Todas las voces expertas coinciden en que esto es inédito y será una hecatombe económica. Cualquier acuerdo nacional que busque una mayor cohesión del país para afrontar la crisis social y la recesión económica, dado el momento previo a ésta, de deslegitimación del sistema político y de las instituciones en general, será difícil de lograr sin un nuevo trato que permita integrar y contar con el concurso de todo Chile.
El volver solo a la normalidad económica y social previa al estallido, para reactivar y tirar para arriba al país, se ve casi imposible. Se necesitará un clima distinto, en ánimo, voluntades, confianzas: un tema de convivencia, de movilizar energías del más diverso tipo, de “sentirse parte”, y de variadas señales e incentivos, más que un tema meramente económico, aunque también lo sea.
La gran cuestión será cómo se hace una nueva arquitectura tributaria, al mismo tiempo que le ponemos motores al crecimiento económico. Ahí quiero ver a nuestros economistas. ¡Habrá que pensar “fuera de la caja”!
Aquí hay dos cosas que no se pueden confundir. Una es el financiamiento de los gastos imprescindibles para la emergencia, con endeudamiento y ahorros del estado chileno: gasto que es por una sola vez. Y lo otro, que es sin duda el meollo del pacto social: cómo aumentar la carga tributaria en los próximos años, de una manera más progresiva que la actual, para financiar determinados derechos sociales y reformas estructurales. Gastos permanentes financiados con ingresos permanentes.
El nuevo pacto social será un proceso, una construcción, entre implícito y explicito, que debe ir integrando e involucrando a la base social; que tendrá distintos momentos y variados acuerdos de todo tipo. La nueva Constitución dará sin duda un nuevo aire y un marco mucho más claro para que ese proceso se despliegue. Sin embargo, hoy, vivimos un momento que hace necesario tener acuerdos económicos y sociales urgentes, con sentido de Estado, para los próximos 18 meses, que permita enfrentar la emergencia sanitaria, la crisis social, la recesión económica y también dar garantías para realizar el plebiscito.
La iniciativa de Mario Desbordes y José Miguel Insulza fue una buena señal. Pero con dos defectos que hay que corregir para tener éxito. Una confusión de planos en los temas tratados desde constitucionales, a pactos sociales y emergencias sanitarias. Ello se debe acotar muy claramente a los referidos para este periodo de 18 meses, como bien lo propone el informe de los economistas solicitado por el Colegio Médico. Y el otro es quiénes concuerdan, ya que no se puede pretender dar legitimidad hoy solo con la firma de la política; esto debe ser ampliado a un espectro que incluya a los gremios, alcaldes y sociedad civil.
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