El Estado tiene el deber de garantizar el orden público



Este diario ha informado ayer sobre la apremiante inseguridad que viven distintas comunas de la Región Metropolitana, que hace semanas son víctimas de hordas de saqueadores que logran operar con total impunidad, realidad que se repite a lo largo del país. Los alcaldes advierten que ante la escasa o nula presencia de las fuerzas policiales ya se están empezando a observar casos de autodefensa de los propios vecinos, como "respuesta desesperada" frente a la indefensión, lo que podría fácilmente desembocar en una espiral de más violencia.

Es paradójico, pero ocurre que en momentos en que la ciudadanía más requiere de la presencia policial, su accionar se está viendo obstaculizado por distintas razones, hasta el punto que en algunos casos se han debido replegar, tal como ocurrió esta semana en Quilpué. En ello han incidido ofensivas que se han llevado adelante en distintas cortes de Apelaciones del país a través de recursos de protección, motivando a que en ciertos casos se haya decretado la prohibición total de las escopetas antimotines -recientemente algunas de dichas cortes han revertido o atenuado estas prohibiciones-, restringiendo también el uso de gases lacrimógenos. Paradójicamente, algunos de los alcaldes que solicitaron estas medidas a los tribunales, hoy claman presencia policial ante el saqueo de sus propias comunas, sin hacerse cargo de que contribuyeron a privar de herramientas a Carabineros.

Bajo ese criterio, las cortes no se han limitado a practicar un control de legalidad a las actuaciones de la policía, sino que han entrado a resolver materias cuya competencia le corresponde al legislador o a la autoridad responsable. El resultado práctico es que la fuerza policial hoy no sabe bien a qué criterios atenerse en su misión del control del orden público, lo cual es grave.

Los informes conocidos recientemente que dan cuenta de un accionar policial que ha violado los derechos humanos en las recientes manifestaciones -con prácticas como hostigamiento a los manifestantes, violencia física o vejaciones incluso de orden sexual- constituye una potente llamada de alerta, que deja al descubierto vacíos en la formación policial o laxitud de los controles internos. Cada uno de los casos denunciados debe ser investigado hasta el final, pues en la medida en que quede la sensación de impunidad se irá asentando un sentimiento de desconfianza y animadversión en la ciudadanía que hará aún más difícil el actuar policial.

Estas situaciones repudiables no son la generalidad. El Estado debe respetar los derechos fundamentales y al mismo tiempo cumplir con su responsabilidad de controlar el orden público y dotar a las policías de las herramientas para ello. Las transversales voces que por estos días han alertado sobre los riesgos que representa el vandalismo para la supervivencia de nuestra democracia se han multiplicado, y la autoridad no puede seguir desentendiéndose de ello.

Ciertamente, al Ministerio del Interior le corresponde ahora jugar un rol mucho más activo en esta crisis -su ausencia ha llamado poderosamente la atención, considerando las álgidas jornadas de vandalismo-, y asegurar que la presencia policial estará disponible cada vez que se requiera. Pero es el Presidente de la República, por expreso mandato constitucional, quien tiene la principal responsabilidad de garantizar el orden público. En tal sentido, si estima que la situación del país lo amerita, cuenta con las facultades para volver a dictar el estado de emergencia constitucional -con el fin de disponer del apoyo de fuerzas militares, ya sea para custodiar puntos críticos o apoyar a Carabineros en labores preventivas- sin esperar el respaldo político del Congreso como una forma de repartir las responsabilidades. Como Jefe de Estado dispone de todas las atribuciones para ello.

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